En un contexto de creciente violencia, el ministro de Gobierno de Ecuador, Arturo Félix Wong, anunció la declaración de un nuevo estado de excepción, argumentando que octubre se ha convertido en el mes más violento del año. Esta decisión busca contrarrestar lo que el funcionario describe como un intento de desestabilización del país en el periodo previo a las elecciones.
“No permitiremos que, bajo el pretexto de asuntos electorales, se busque calentar las calles, especialmente ahora que esa estrategia ha fracasado en las cárceles”, afirmó el ministro durante una rueda de prensa. Este estado de excepción, que se mantendrá vigente durante 60 días, abarca varias provincias, incluyendo Guayas, Manabí, Los Ríos, Santa Elena, El Oro, Orellana, así como el distrito de Quito y el cantón Camilo Ponce en Azuay.
El gobierno justifica la inclusión de Quito en esta medida, destacando que es la capital del país y, por lo tanto, requiere una protección especial. Wong enfatizó que la seguridad en la ciudad es una prioridad y que el gobierno está comprometido con su resguardo.
A pesar de los esfuerzos del gobierno, algunos expertos en seguridad han cuestionado la efectividad del Plan Fénix, la estrategia que se ha implementado para enfrentar la crisis de violencia. Wong, al ser cuestionado sobre este tema, respondió que proteger el perímetro privado no es lo mismo que garantizar la seguridad del país en su conjunto.
La situación actual en Ecuador es crítica, con un aumento notable en la violencia atribuida a conflictos entre pandillas y otros grupos delictivos. La medida del estado de excepción busca restablecer el orden y la calma en el país, mientras el gobierno intensifica sus esfuerzos para garantizar la seguridad de los ciudadanos.
Este nuevo estado de excepción refleja la urgencia con la que el gobierno está abordando los desafíos de seguridad en un momento en que la violencia puede afectar la estabilidad política y social del país.
