El gobierno ecuatoriano, liderado por el presidente Daniel Noboa, ha propuesto dos proyectos de ley urgentes que buscan recaudar $127 millones al año y mejorar la estabilidad económica del país. Ambos proyectos fueron enviados a la Asamblea Nacional el 7 de noviembre de 2024 e incluyen un conjunto de medidas fiscales y tributarias que impactarán varias áreas, desde alivios financieros hasta controles contra el lavado de activos.
El primer proyecto, denominado Ley Orgánica para el Alivio Financiero y el Fortalecimiento Económico de las Generaciones en el Ecuador, se espera que genere aproximadamente $83,47 millones anuales. Esto se lograría a través de un impuesto a la renta específico para universidades privadas, estimado en $15,57 millones, y la eliminación de la devolución del IVA en actividades relacionadas con recursos naturales no renovables, que aportaría otros $67,9 millones. Sin embargo, el fisco perdería $54,4 millones debido a beneficios fiscales, como créditos tributarios para empleadores que no reduzcan sus plantillas y la extinción de obligaciones tributarias en ciertos títulos de crédito.
Además, el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS) vería una reducción de $1,4 millones en recaudación durante el periodo de noviembre de 2024 a febrero de 2025, principalmente en contribuciones patronales. Se estima también que la implementación de un plan excepcional de pagos para impuestos retenidos podría aumentar el flujo positivo de ingresos tributarios en $111,31 millones, resultando en un impacto recaudatorio anual de $29,07 millones.
El segundo proyecto, la Ley Orgánica para la Mejora Recaudatoria a través del Combate al Lavado de Activos, propone un nuevo impuesto vehicular simplificado que sustituiría impuestos anteriores sobre vehículos y una figura jurídica de Sociedad Anónima Deportiva que estaría sujeta al impuesto a la renta. Estas medidas, según el Servicio de Rentas Internas (SRI), aumentarían la recaudación en $98,12 millones anuales: $89,23 millones provenientes del impuesto vehicular simplificado y $8,19 millones adicionales de las sociedades deportivas.
Estos proyectos deben ser calificados por el Consejo de Administración Legislativa (CAL) antes de ser tratados en las comisiones correspondientes de la Asamblea Nacional, la cual tendrá un plazo de 30 días para tomar una decisión.
