La Fiscalía General del Estado confirmó el inicio de una investigación previa por el delito de evasión relacionado con la fuga de Rolando Federico Gómez Quinde, alias Fede, líder de la banda criminal Las Águilas. En consecuencia, un juez dictó prisión preventiva para 22 personas implicadas, entre ellas 19 militares, dos funcionarios del Servicio Nacional de Atención Integral a Personas Adultas Privadas de la Libertad (SNAI) y un interno.
El incidente ocurrió el pasado 20 de junio en la Penitenciaría del Litoral, una de las cárceles con mayor nivel de seguridad en Ecuador, y causó un fuerte impacto a nivel nacional por la magnitud del escape y la presunta complicidad interna.
La audiencia de formulación de cargos se realizó el 21 de junio en la Unidad Judicial del Cuartel Modelo, donde el juez estableció las medidas cautelares para los 22 procesados, señalando que la prisión preventiva es necesaria para asegurar el correcto desarrollo del proceso judicial y evitar cualquier riesgo de fuga o interferencia en la investigación.
Este caso pone en evidencia la problemática del sistema penitenciario ecuatoriano, donde la infiltración del crimen organizado y la corrupción dentro de las instituciones encargadas de la seguridad carcelaria representan un desafío constante para el Estado.
Según cifras oficiales del Ministerio de Gobierno, el año pasado se registró un aumento del 25% en incidentes relacionados con evasiones de presos y motines dentro de las cárceles del país, lo que ha obligado al Gobierno a fortalecer los controles y la supervisión en los centros penitenciarios.
En un comunicado, la Fiscalía reiteró su compromiso de llevar adelante una investigación exhaustiva y sancionar a todos los responsables, sean militares, funcionarios o internos, que hayan participado o facilitado la fuga de alias Fede.
“La evasión no solo constituye un delito grave, sino también una traición a la confianza pública y a las normas que garantizan la seguridad de la sociedad”, afirmó la institución.
El presidente Daniel Noboa también se pronunció sobre el caso, calificando la fuga como un acto de complicidad y traición, y ratificando que las medidas serán firmes contra quienes resulten culpables.
Este proceso judicial será un punto clave para evaluar y reformar el sistema penitenciario, con el fin de evitar nuevos episodios que pongan en riesgo la seguridad nacional y la integridad de los centros de rehabilitación.
