El Servicio Nacional de Atención a Personas Privadas de la Libertad y Adolescentes Infractores (SNAI) ha confirmado la existencia de 35 centros de privación de libertad en Ecuador, los cuales ahora serán sometidos a una nueva medida de seguridad tecnológica. En una iniciativa innovadora, las Fuerzas Armadas del país, a través del Centro de Investigación y Desarrollo de la Fuerza Aérea Ecuatoriana (FAE), han desarrollado una tecnología avanzada para generar un perfil en 3D de las cárceles, con el fin de fortalecer el control y monitoreo de estos espacios.
Este proyecto, liderado por el FAE con sede en la ciudad de Ambato, provincia de Tungurahua, tiene como objetivo implementar un sistema que permita una visión detallada y precisa de las infraestructuras penitenciarias. Para ello, se ha creado un dispositivo con un diseño aerodinámico que se empleará para realizar escaneos tridimensionales de las cárceles, proporcionando una herramienta tecnológica avanzada para mejorar la seguridad y prevenir fugas o conflictos dentro de los centros de reclusión.
La implementación de esta tecnología es parte de un esfuerzo más amplio por parte de las Fuerzas Armadas de Ecuador para enfrentar los crecientes desafíos de seguridad que presenta la presencia de grupos ilegales dentro de las cárceles del país. La tecnología 3D no solo permitirá un control más exhaustivo, sino también una evaluación más eficiente de las condiciones dentro de los penales, lo que facilitará la toma de decisiones en tiempo real por parte de las autoridades encargadas de la seguridad.
Este enfoque innovador refleja una nueva etapa en la lucha contra el crimen organizado y la violencia en los centros de privación de libertad, utilizando avances tecnológicos de última generación para fortalecer la seguridad y proteger tanto a los internos como a los funcionarios penitenciarios. Además, esta estrategia podría servir como modelo para otros países que enfrentan desafíos similares en sus sistemas penitenciarios.
La utilización de tecnologías de escaneo 3D también abre nuevas posibilidades para el monitoreo constante de las infraestructuras y el diseño de nuevas medidas de seguridad que respondan de manera más efectiva a las amenazas internas y externas que puedan afectar a los centros de reclusión.
