La comercializadora industrial Fragoneri S.A. ha sido denunciada ante la Fiscalía General del Estado por presunto enriquecimiento ilícito, debido a un desvío de combustible subsidiado. José Julio Neira, secretario general de Integridad Pública, reveló en un video publicado en redes sociales que la compañía estaría vinculada a una trama de corrupción en la que estuvieron involucrados varios exfuncionarios de alto nivel de la Agencia de Regulación y Control Hidrocarburífero (ARCH).
Neira explicó que algunos de estos exfuncionarios, aprovechando su poder e influencia dentro de la ARCH, establecieron empresas comercializadoras de combustible que operaban de manera ilegal. Utilizando familiares como accionistas, estos individuos habrían manipulado las estructuras societarias para evadir controles y evitar ser descubiertos por las autoridades. Los movimientos de las acciones fueron hechos a través de testaferros, quienes, en apariencia, tomaban posesión de las empresas, mientras los verdaderos beneficiarios mantenían su anonimato.
Una de las irregularidades clave de este caso es que, según la ley, las comercializadoras deben registrar a sus consumidores finales ante la ARCH. Sin embargo, se descubrió que Fragoneri solo había registrado a 48 consumidores finales en Petroecuador, mientras que reportó ventas de diésel a 53, lo que evidencia la existencia de cinco consumidores no registrados. Este combustible, que estaba subsidiado para el sector industrial camaronero, fue desviado y vendido a estos consumidores no registrados, quienes no estaban autorizados a recibir el beneficio.
El caso involucra a varios acusados, entre ellos César Emilio Bravo, quien fue viceministro de Hidrocarburos y director regional de Control de Hidrocarburos y Combustibles en Guayas. Además de Bravo, se mencionan a su esposa y su suegra, quienes también están siendo señaladas en el proceso. Otro de los implicados es José Franco Magallanes, exfuncionario de la ARCH, quien tuvo varios cargos dentro de la institución, además de su esposa y suegra.
El presunto desvío de combustible y las acciones fraudulentas de los involucrados estarían destinadas a generar ganancias ilícitas a través de la comercialización de un recurso subsidiado por el Estado, afectando tanto a la economía pública como a los sectores que realmente requieren el combustible a precios subsidiados.
Este caso de presunto enriquecimiento ilícito y corrupción dentro de las instituciones del Estado ha generado gran preocupación por el uso indebido de los recursos públicos. Las autoridades ahora se enfrentan a la tarea de esclarecer los hechos y llevar a cabo las investigaciones correspondientes para determinar la magnitud del daño causado y aplicar las sanciones pertinentes a los responsables.
