La Fiscalía de Tarija presentó este martes una acusación formal contra el expresidente boliviano Juan Evo Morales Ayma y otra persona por un presunto delito de trata de personas con agravante, según informó la fiscala departamental Sandra Gutiérrez. La decisión se basa en indicios que la institución considera suficientes para sostener la imputación.
Según medios locales, la acción judicial se originó tras una revisión exhaustiva de la investigación iniciada en septiembre de 2024, que se centró en una denuncia relacionada con una supuesta relación entre Morales y una adolescente en Yacuiba en 2015, cuando el exmandatario aún ejercía la presidencia. Del vínculo habría nacido una niña, según los registros del proceso.
En conferencia de prensa, Gutiérrez detalló que se analizaron más de 18 cuerpos de investigación, lo que permitió formalizar la acusación contra Morales y Idelsa Pozo, madre de la presunta víctima. La Fiscalía sostiene que ambos participaron en los hechos investigados y ahora el caso será remitido a un tribunal para fijar fecha y hora de inicio del juicio oral.
El proceso ya contaba con medidas judiciales previas: en enero de 2025, el juez de Instrucción Penal, Anticorrupción y Contra la Violencia hacia la Mujer Quinto de Tarija, Nelson Alberto Rocabado, declaró a Morales en rebeldía y emitió una orden de aprehensión que permanece vigente.
Durante la misma conferencia, Sandra Gutiérrez anunció su salida del cargo tras recibir un memorando de agradecimiento de servicios por parte del Ministerio Público, apenas un día después de formalizar la acusación. La fiscala estuvo al frente de la Fiscalía Departamental de Tarija por casi cuatro años.
“Ya me llegó mi memorando de agradecimiento de servicios, exactamente a las 9:36. Hemos firmado y estamos entregando el despacho”, comentó Gutiérrez, quien aseguró que su decisión de apartarse del cargo no está vinculada con la acusación, reafirmando que la presentación del caso se basó en pruebas suficientes.
El Ministerio Público mantiene que la investigación y el proceso judicial cumplen con todos los requisitos legales, y que el caso seguirá su curso para garantizar que se respeten los derechos de las partes involucradas. La expectativa pública se centra ahora en el inicio del juicio oral, que definirá la situación legal del exmandatario boliviano.
