La Fiscalía General del Estado inició este 4 de junio de 2025 una audiencia de formulación de cargos por el presunto delito de asociación ilícita, en la que se involucra a tres figuras de alto perfil político: Andrés Arauz, secretario ejecutivo del movimiento Revolución Ciudadana (RC); Esther Cuesta, exasambleísta del mismo grupo político; y Raúl González Carrión, designado en 2022 como superintendente de Bancos, aunque su nombramiento fue posteriormente anulado por decisión judicial.
La audiencia se lleva a cabo en la Corte Nacional de Justicia (CNJ), bajo la presidencia de la jueza Daniella Camacho. El fiscal general del Estado, Wilson Toainga, solicitó la vinculación formal de los tres implicados al proceso conocido como caso Liga2, dentro del cual se investigan supuestas estructuras delictivas relacionadas con la manipulación de procesos institucionales y posibles actos de corrupción.
Antecedentes del caso y participación de los implicados
El caso Liga2 surgió tras la detección de presuntas irregularidades administrativas y tráfico de influencias dentro de organismos estatales. Según la Fiscalía, existirían indicios de que los investigados participaron de manera coordinada en acciones que vulnerarían la normativa legal vigente, aprovechando sus cargos políticos y administrativos para favorecer determinados intereses.
La formulación de cargos contra Andrés Arauz y Esther Cuesta marca un nuevo episodio en las investigaciones que rodean al movimiento Revolución Ciudadana, organización política liderada por el expresidente Rafael Correa. En tanto, Raúl González ya había estado en el centro de la polémica tras su polémico proceso de designación como superintendente de Bancos, que fue revertido judicialmente en 2022.
Reacciones y defensa de los implicados
A través de redes sociales, simpatizantes del movimiento RC han denunciado lo que consideran una persecución política. Sin embargo, la Fiscalía sostiene que las acusaciones se basan en documentación, testimonios y pruebas que sustentan la necesidad de vincular a los tres ciudadanos al caso.
Se espera que durante la audiencia se presenten los elementos de convicción recabados por la Fiscalía, así como las medidas cautelares que podrían aplicarse contra los procesados. Dependiendo del desarrollo judicial, estos cargos podrían derivar en restricciones a la movilidad, prohibiciones de salida del país o prisión preventiva, de ser justificadas.
Implicaciones políticas y jurídicas
Este nuevo proceso judicial tiene el potencial de generar un fuerte impacto político en el Ecuador, especialmente en el panorama electoral y en el futuro del correísmo como fuerza política. La posible vinculación de figuras clave a un caso de presunta asociación ilícita podría complicar aún más las aspiraciones de Revolución Ciudadana en el escenario político nacional.
La audiencia continúa en la CNJ, y se espera que las autoridades emitan una resolución en las próximas horas sobre las medidas cautelares y la continuidad del proceso penal.
