La Fiscalía General del Estado ha solicitado este martes 4 de junio de 2025 la imposición de medidas cautelares contra tres figuras públicas investigadas en el marco del caso Liga2. Andrés Arauz, Esther Cuesta y Raúl González Carrión enfrentan cargos como presuntos autores del delito de asociación ilícita y podrían quedar sujetos a una orden de prohibición de salida del país, además de presentarse periódicamente ante la autoridad judicial.
La audiencia de formulación de cargos, presidida por la jueza Daniella Camacho, se lleva a cabo desde las 09:00 en la Corte Nacional de Justicia (CNJ). Durante la diligencia, el fiscal general Wilson Toainga expuso los elementos de convicción que motivan la vinculación de los tres ciudadanos al caso.
Andrés Arauz, actual secretario ejecutivo del movimiento Revolución Ciudadana (RC); Esther Cuesta, exasambleísta de la misma agrupación política; y Raúl González Carrión, exdesignado superintendente de Bancos en 2022, son señalados por presuntamente haber participado en una estructura ilícita que operaba desde instancias del Estado. Cabe destacar que el nombramiento de González fue anulado por la justicia luego de un proceso legal controvertido, lo que lo mantuvo en el foco de atención desde entonces.
Además de estos tres implicados, el caso Liga2 también involucra a otros exvocales del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS): Augusto Verduga, Yadira Saltos y Eduardo Franco, así como a Nicole Bonifaz, quien aún se encuentra en funciones. Todos están siendo procesados por su posible participación en una red de asociación ilícita dentro de instituciones públicas.
La Fiscalía ha considerado necesario imponer medidas cautelares para garantizar la presencia de los investigados durante el proceso judicial. Las solicitudes incluyen la prohibición de salida del país, la obligación de presentarse periódicamente ante una autoridad designada y otras restricciones que podrían ser determinadas por la jueza a cargo. Estas acciones buscan prevenir una posible evasión de la justicia y asegurar que los implicados cumplan con el proceso penal en curso, mientras se recaban más pruebas y se avanza en la fase de instrucción fiscal.
El caso Liga2 se suma a una serie de investigaciones que han salpicado a exfuncionarios y dirigentes vinculados al correísmo, generando una fuerte polémica en el entorno político del país. Desde la Fiscalía se ha recalcado que los procesos se basan en evidencia y no en motivaciones políticas, aunque sectores afines a Revolución Ciudadana han denunciado lo que consideran una persecución judicial.
Por ahora, la jueza Daniella Camacho evalúa la pertinencia de las medidas cautelares solicitadas. Se espera que en las próximas horas se emita una resolución oficial que defina el curso legal de los tres imputados y del resto de los procesados en este caso de alto perfil.
