En el sexto día de audiencia preparatoria de juicio por el caso Triple A, la Fiscalía pidió al juez Renán Andrade que dicte prisión preventiva contra el alcalde de Guayaquil, Aquiles Álvarez, y otro de los procesados, Raúl Z. La solicitud responde a un presunto incumplimiento de las medidas cautelares previamente impuestas, así como a su implicación en la comercialización ilícita de derivados de petróleo.
Álvarez, en su defensa, alegó no haber podido utilizar el grillete electrónico por motivos médicos. Su equipo legal explicó que el dispositivo interferiría con el marcapasos que el alcalde tiene implantado, lo cual pondría en riesgo su salud.
El proceso penal se centra en la supuesta operación ilegal de almacenamiento, transporte, envasado y comercialización de productos derivados del petróleo como gasolina y diésel, tipificado en el artículo 264 del Código Orgánico Integral Penal (COIP). La acusación incluye a 16 personas naturales y 6 jurídicas, en su mayoría empresas distribuidoras.
Durante la audiencia anterior, el fiscal Leonardo Alarcón presentó más de 250 elementos de convicción que respaldan el pedido de llamado a juicio. Entre las pruebas, se encuentran pericias técnicas, auditorías y documentos financieros que apuntan a un perjuicio al Estado de más de 61 millones de dólares, derivado de la venta no autorizada de 22,7 millones de galones de combustibles.
La Fiscalía fundamentó su petición de prisión preventiva argumentando que los procesados habrían incumplido las condiciones de su libertad provisional, lo que representaría un riesgo procesal, además de la posible alteración o destrucción de evidencia. También se planteó que existe peligro de fuga ante la gravedad del delito y la magnitud del perjuicio económico.
El Ministerio Público ha contado con el respaldo de la Agencia de Regulación y Control de Energía y Recursos Naturales no Renovables (ex ARCH), que presentó la denuncia original tras detectar inconsistencias entre el volumen de combustible despachado por Petroecuador y lo reportado por las empresas investigadas.
Ahora, el juez Andrade deberá analizar si acoge el pedido de la Fiscalía o si mantiene las medidas cautelares vigentes, tomando en cuenta el estado de salud del alcalde Álvarez y el avance del proceso penal.
Este caso ha captado el interés público debido al nivel de las figuras implicadas y al impacto económico que podría representar esta red ilegal para las finanzas del Estado.
