La Fiscalía General del Estado ha solicitado una condena de 25 años de prisión para el expolicía Darwin Stalin Condoy, procesado por el delito de desaparición forzada dentro del denominado caso González y otros, relacionado con un operativo policial ocurrido en noviembre de 2003 en Guayaquil.
Durante la audiencia de juicio, que se desarrolló en la Corte Nacional de Justicia (CNJ), el fiscal general subrogante Carlos Alarcón presentó los elementos de prueba que, según su acusación, demuestran la participación directa de Condoy en la detención y desaparición de César Mata, Erwin Vivar y Johnny Gómez Balda, tres de las víctimas del operativo ejecutado en una farmacia de la ciudadela Alborada.
Alarcón sostuvo que las evidencias periciales, documentales y testimoniales confirmaron la existencia de un grupo parapolicial conformado por agentes en servicio activo y pasivo, liderado por el exoficial Eduardo González. Según la Fiscalía, este grupo ejecutó acciones ilegales que constituyen graves violaciones a los derechos humanos y, por tanto, son imprescriptibles.
“El expolicía Darwin Condoy fue parte de la estructura de control externo del operativo, participando activamente en la distribución de roles y en la cobertura de las acciones dentro del local”, explicó el fiscal Alarcón, quien agregó que el comportamiento del procesado encajaba en un patrón sistemático de represión ejecutado por este grupo irregular.
El Tribunal de Juzgamiento, integrado por los jueces nacionales Felipe Córdova (ponente), Javier de la Cadena y Julio Inga, deberá decidir si acoge la solicitud fiscal de imponer la pena máxima de 25 años de prisión conforme al artículo 84 del Código Orgánico Integral Penal, en concordancia con la legislación penal vigente en 2003.
La Fiscalía también solicitó una reparación integral —material e inmaterial— para las familias de las víctimas, quienes han esperado más de dos décadas por justicia.
El proceso contra Condoy se mantuvo suspendido durante varios años debido a que el exagente se encontraba prófugo. Su captura se concretó el 29 de diciembre de 2024, lo que permitió reactivar la causa judicial.
El caso González y otros involucra a once expolicías, señalados como autores y coautores de la desaparición forzada. En 2017, el entonces conjuez Iván Saquicela llamó a juicio a los implicados tras determinar que existían indicios suficientes de la existencia de un “grupo policial ilegítimo” que actuó al margen de la ley.
En el mismo operativo de 2003 también se registró la ejecución extrajudicial de ocho personas —seis presuntos asaltantes y dos civiles inocentes—, por la cual trece agentes policiales fueron sentenciados en 2014.
Condoy es uno de los pocos agentes que aún no ha recibido sentencia definitiva. En agosto de 2024, el Tribunal conformado por Córdova, De la Cadena e Inga condenó a otros cuatro expolicías —Aurelio Chila, Rodrigo Cevallos, Orlando Villacrés y Erick Salinas— por su participación en el grupo irregular, imponiendo penas de entre 8 y 26 años de cárcel.
El juez ponente Felipe Córdova enfatizó en su resolución que este grupo actuó de manera planificada y coordinada, eliminando evidencias y recurriendo a la tortura para obtener información de los detenidos.
“Cada miembro cumplió un rol específico que permitió ejecutar las acciones ilegales, neutralizar a las víctimas y desaparecer a otras, vulnerando derechos fundamentales”, precisó el magistrado.
En agosto de 2025, la Sala Penal de la CNJ revisó las penas en apelación: Salinas y Cevallos recibieron 24 años de prisión, Villacrés vio reducida su condena a 8 años y Chila fue declarado inocente.
La Sala de Juicio suspendió recientemente la diligencia para entrar en periodo de deliberación. Una vez adoptada la resolución, las partes serán convocadas para la lectura del fallo de primer nivel, que marcará un nuevo capítulo en uno de los casos más emblemáticos de violaciones a los derechos humanos en Ecuador.
