Diego G., exprefecto de Imbabura, ha sido condenado a un año de prisión por el delito de peculado, una sentencia dictada por unanimidad por un tribunal. Esta condena se relaciona con su gestión durante el periodo 2009-2014. La Fiscalía reveló que el exfuncionario utilizó fondos públicos de la Prefectura para contratar personal de seguridad destinado exclusivamente a proteger su residencia en Ibarra.
Durante su administración, la Prefectura de Imbabura pagó un total de $182.636,11 para los servicios de seis guardias de seguridad, quienes se encargaban de custodiar el domicilio del exprefecto. Estos guardias realizaron turnos rotativos de ocho horas durante todo el día, incluyendo días festivos, lo cual, según la Fiscalía, constituye un uso indebido de los recursos públicos.
El 7 de noviembre de 2023, la Fiscalía presentó un dictamen acusatorio que contenía 49 elementos de prueba contra Diego G. Entre las evidencias destacadas se encuentran un informe de la Contraloría General del Estado, que identificó las irregularidades en la contratación del personal, testimonios de los guardias de seguridad y funcionarios del Gobierno provincial de Imbabura, además de roles de pago y beneficios de ley.
El informe también incluyó un análisis de la Unidad de Análisis Financiero y Económico (UAFE), así como informes y pericias contables que corroboraron el uso indebido de los fondos. Tras la revisión de estas pruebas, un juez especializado en delitos relacionados con corrupción y crimen organizado decidió proceder con el juicio.
Esta sentencia subraya la importancia de la transparencia y el uso adecuado de los recursos públicos, enviando un mensaje claro sobre la rendición de cuentas en el manejo de fondos gubernamentales.
