La Ley de Recursos Hídricos, oficialmente conocida como Ley de Aguas, que rige el uso y aprovechamiento del agua en Ecuador, enfrenta un serio cuestionamiento tras ser declarada inconstitucional por la Corte Constitucional. Esta normativa, vigente desde 2014, ha estado acompañada de un reglamento desde 2015, ambos considerados inconstitucionales en la sentencia emitida el 12 de enero de 2022.
La Corte dio un plazo de un año a la autoridad competente para presentar un nuevo proyecto de ley a la Asamblea Nacional, mientras que las normativas actuales seguirán en vigor hasta que se apruebe una nueva legislación. A pesar de que el gobierno de Guillermo Lasso intentó introducir una nueva Ley del Agua, su propuesta fue rechazada a principios de este año. Además, la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (Conaie) presentó su propio proyecto en 2023.
El 27 de septiembre de 2024, la asambleísta Adriana García propuso una reforma a la Ley de Recursos Hídricos para asegurar el derecho humano al agua y regular las tarifas de consumo. Sin embargo, hasta ahora no se ha logrado expedir una nueva ley que reemplace a la actual.
María Emilia Limongi, abogada ambiental en la firma Coronel & Pérez, señala que la actual ley es insuficiente, ya que no abarca todos los escenarios posibles relacionados con el manejo del agua. «La ley debe ajustarse a las necesidades de la población y de los ecosistemas», enfatiza Limongi, añadiendo que la regulación debe actualizarse constantemente para evitar conflictos en la gestión de recursos hídricos.
Felipe Castro, docente de Derecho en la Universidad Internacional del Ecuador (UIDE), considera que la sentencia de la Corte es una oportunidad para mejorar la gestión pública y comunitaria del agua. Castro sugiere que la nueva normativa debe incluir medidas más severas para sancionar la contaminación de fuentes hídricas y mejorar la cooperación entre el Gobierno central y los Gobiernos autónomos descentralizados.
La Ley de Recursos Hídricos también busca garantizar el derecho humano al agua, regular su gestión y preservar los recursos hídricos. Su artículo 151 menciona infracciones de diferentes grados, sancionando actividades como modificar cuerpos de agua sin autorización o verter aguas contaminadas.
Un aspecto crucial de la legislación es la inclusión de la perspectiva de género, especialmente en el artículo 62, que establece que las políticas relacionadas con el agua deben considerar las necesidades específicas de las mujeres. Sin embargo, Castro critica que la ley carece de un enfoque integral que contemple adecuadamente las diferencias de impacto entre géneros. Limongi también opina que la aplicación de este artículo no es del todo efectiva, argumentando que el acceso al agua es un derecho universal que trasciende cuestiones de género.
La normativa también prohíbe la privatización del agua, destacando su importancia vital y económica. Según el artículo 6, el agua no puede ser objeto de acuerdos comerciales, y su gestión debe ser exclusivamente pública o comunitaria. Castro refuerza que el agua, al ser un recurso estratégico, no debe ser privatizada, aunque las personas aún pueden utilizar el agua bajo el control de la Autoridad Única del Agua.
En resumen, la necesidad de actualizar la Ley de Recursos Hídricos se ha vuelto urgente tras su declaración de inconstitucionalidad. Expertos piden un enfoque más inclusivo y una regulación más efectiva que contemple las diversas realidades del país y garantice el acceso equitativo al agua.
