El Grupo de Expertos en Derechos Humanos sobre Nicaragua ha manifestado su “profunda preocupación” tras la reciente enmienda aprobada en la Asamblea Nacional del país. Esta reforma constitucional, que modifica la estructura del poder político y amplía el mandato presidencial, otorga al Gobierno de Daniel Ortega un control mucho más absoluto sobre la nación, lo que genera serias inquietudes sobre el futuro democrático de Nicaragua.
Un aumento de poder para Ortega y Murillo
La enmienda aprobada la semana pasada establece una extensión del mandato presidencial, que pasa de cinco a seis años, y otorga al Gobierno mayores facultades. Un aspecto particularmente controvertido de la reforma es que eleva el cargo de la vicepresidenta Rosario Murillo, esposa de Ortega, al título de “copresidenta”. Este cambio incrementa la concentración del poder en manos de la pareja presidencial y refuerza la figura de Ortega como líder indiscutido.
Los expertos han señalado que este tipo de reformas no solo refuerzan el control autoritario, sino que también consolidan un poder sin restricciones, lo cual es un claro retroceso para la democracia nicaragüense. Según el jurista alemán Jan-Michael Simon, presidente del grupo de expertos, esta reforma también busca formalizar la disolución de facto de la separación de poderes en Nicaragua, lo que pone en riesgo la independencia de las instituciones del Estado.
El impacto en los derechos fundamentales y la libertad de prensa
Otra de las medidas más polémicas de la reforma es la eliminación de la prohibición constitucional de censurar a la prensa. Este cambio en la legislación permitiría al gobierno silenciar aún más a los medios de comunicación independientes, lo que comprometería gravemente la libertad de expresión en el país. Los expertos consideran que esta enmienda tiene como objetivo legalizar el control total del gobierno sobre los medios y restringir la capacidad de los ciudadanos para acceder a información imparcial.
Además, la reforma establece que todos los derechos fundamentales pueden ser suspendidos en un estado de emergencia. Esta disposición amplia el margen de maniobra del gobierno, permitiéndole tomar decisiones sin consultar a otros poderes del Estado, lo que aumenta el riesgo de abusos de poder y violaciones a los derechos humanos. La reforma también da luz verde para que el ejército participe en actividades de seguridad interna, una medida que ha generado preocupación sobre el uso de la fuerza militar para reprimir a la población.
Llamado a la comunidad internacional
Frente a estos cambios, el Grupo de Expertos en Derechos Humanos ha realizado un llamado urgente a la comunidad internacional. Exigen que se presione al Gobierno nicaragüense para que restablezca la separación de poderes y otros principios democráticos fundamentales, tal como lo estipulan sus obligaciones internacionales. La comunidad global debe velar por el respeto de los derechos humanos en Nicaragua y asegurar que el régimen de Ortega no continúe su avance hacia un sistema autocrático.
La situación en Nicaragua y el sector universitario
Desde su creación en 2022, este grupo de expertos ha dedicado esfuerzos a investigar y documentar las violaciones de derechos humanos ocurridas en Nicaragua, particularmente durante el régimen de Ortega. En su último informe, publicado el 8 de noviembre, los expertos denunciaron los ataques sistemáticos del Gobierno contra el sector universitario. Estas agresiones incluyen violaciones de derechos humanos que, en algunos casos, podrían constituir crímenes de lesa humanidad. La represión en las universidades ha sido uno de los puntos críticos de la gestión de Ortega, afectando el libre ejercicio del pensamiento y la educación en el país.
Conclusión
La reforma constitucional en Nicaragua es un paso más hacia el autoritarismo bajo el gobierno de Ortega y Murillo, lo que ha encendido las alarmas de la comunidad internacional. Los expertos en derechos humanos advierten que este cambio fortalecerá aún más el control del Ejecutivo sobre todos los aspectos del Estado, sin espacio para la independencia de las instituciones ni la libertad de los ciudadanos. La presión internacional será clave para evitar que Nicaragua se convierta en un estado completamente cerrado y sin garantías para sus habitantes.
