El exjuez del Guayas, Ramos Alberto L., quien está siendo procesado en el caso Purga, brindó un testimonio crucial el lunes 26 de agosto de 2024. Durante su declaración anticipada, detalló que el exasambleísta Pablo Muentes, la exdirectora del Consejo de la Judicatura (CJ) en Guayas, Mercedes V., la expresidenta de la Corte de Justicia del Guayas, Fabiola Gallardo, la excomunicadora institucional Mayra Salazar, y el juez penal Johann M. fueron los principales responsables del manejo irregular de la Corte del Guayas.
Según Ramos Alberto L., su testimonio confirma la teoría de la Fiscalía de que hubo una red corrupta en la Corte del Guayas que realizó traslados administrativos sin informes, gestionó de manera irregular el Área de Talento Humano, y colocó presidentes de la Corte para favorecer intereses particulares. Estos actos de corrupción, según el exjuez, han perjudicado gravemente la administración de justicia y arrastrado a personas inocentes, centrándose en las necesidades de Muentes, quien era legislador del Partido Social Cristiano.
Ramos Alberto L. intentó desvincularse de la trama criminal, afirmando que no tuvo intención de dañar al Banco del Pacífico con su resolución en un caso de falsificación de documentos, y que no conocía a Muentes personalmente. Aseguró que fue utilizado por la estructura corrupta en lugar de ser un miembro activo. El exjuez relató que presidió el Tribunal de la Sala Civil en un caso relacionado con movimientos administrativos manejados por Mercedes V., Fabiola Gallardo y Johann M., para satisfacer las demandas de Muentes en un proceso civil contra el banco.
La Fiscalía había expuesto previamente que el Banco del Pacífico había otorgado un préstamo a los cónyuges Mónica A. y Pablo Muentes, quienes, al no pagar la deuda, enfrentaron procesos de cobro. A pesar de las evidencias de fraude en el proceso de habeas data presentado por Muentes en julio de 2020, el juez Reinaldo C., otro de los investigados, aceptó la demanda y ordenó que el banco registrara documentos de pago falsos y compensara a la pareja, lo que le valió su promoción como juez provincial del Guayas.
El exjuez Ramos Alberto L. detalló que fue removido de la Sala Penal para dejar espacio al juez Reinaldo C., como parte del pago por su favor en el habeas data. Sin previo aviso, fue trasladado a la Sala de Familia de la Corte del Guayas, y más tarde a la Sala Civil, donde conoció a Muentes en una reunión en la isla Mocolí, en Samborondón. Muentes le habría solicitado ayuda en un proceso contra el Banco de Guayaquil, pero Ramos Alberto L. aseguró que no recibió dinero por sus decisiones judiciales, aunque Muentes ostentaba poder y conexiones en el sistema judicial, como la influencia sobre Mercedes V., su amiga.
Ramos Alberto L. defendió su decisión judicial con el juez Nelson P., afirmando que fue el resultado de un análisis legal exhaustivo. Desmintió las acusaciones de Mayra Salazar sobre la obtención de beneficios a cambio de fallos favorables. Finalmente, solicitó a la fiscal general Diana Salazar que emita un dictamen abstentivo para que el juez Javier de la Cadena determine su sobreseimiento definitivo. Aunque se acogió al derecho al silencio durante el interrogatorio de los 24 procesados restantes, permitió que se registraran las preguntas que sus coprocesados querían hacer.
La audiencia concluyó cerca de las 19:00 de este lunes, 26 de agosto, casi cuatro horas después de su inicio en la Corte Nacional.
