En su testimonio del 3 de septiembre, el exjuez multicompetente de La Concordia, Ángel Harry Lindao Vera, expuso presuntas irregularidades y presiones políticas vinculadas a su procesamiento en el caso Plaga. Durante su declaración, Lindao abordó las medidas cautelares y los traslados de cárcel que dispuso de manera irregular a cambio de sobornos o amenazas, tanto para narcotraficantes como para otros delincuentes peligrosos.
Lindao detalló ante el conjuez Vinicio Rodríguez de la Corte Nacional de Justicia (CNJ) su implicación en casos polémicos. A pesar de no tener competencia, ordenó la devolución de una propiedad incautada en Samborondón al narcotraficante Leandro Norero, y el traslado de alias Anchundia desde Guayaquil a Santo Domingo de los Tsáchilas, un recluso sospechoso de estar involucrado en las masacres carcelarias de 2022. Esta declaración se dio en el contexto del proceso penal por delincuencia organizada que enfrenta Lindao.
La audiencia, que duró algo más de tres horas, contó con la presencia de la fiscal general Diana Salazar, un representante del Consejo de la Judicatura (CJ), y varios abogados de los procesados. La declaración de Lindao también abordó cómo, en diciembre de 2022, recibió $20,000 a cambio de la decisión sobre el caso Norero y enfrentó amenazas de muerte si no colaboraba con la organización criminal detrás de estas acciones.
En el ámbito administrativo, las irregularidades de Lindao derivaron en dos procesos disciplinarios internos en la Judicatura, que culminaron con su destitución a principios de 2023. Para evitar el archivo de la acción administrativa relacionada con el caso Norero, el exdirector del CJ en Santo Domingo de los Tsáchilas, Víctor Hugo Moya, habría solicitado $100,000 a Lindao.
Además, Lindao reveló que en diciembre de 2022 fue contactado por Galo Zambrano, presuntamente en representación del entonces asambleísta Gruber Zambrano. Lindao fue buscado para emitir una medida cautelar que suspendiera la censura y destitución de cuatro vocales del CPCCS, incluyendo a Iberh Estupiñán y María Fernanda Rivadeneira. Según Lindao, el director del CJ en Santo Domingo le pidió a otra jueza que se tomara vacaciones para facilitar el proceso, el cual fue sorteado seis veces antes de que se presentara la medida cautelar.
El exjuez explicó que la medida cautelar fue dictada porque consideró incorrecta la decisión de la Asamblea Nacional. Posteriormente, en una reunión con Gruber Zambrano y otros funcionarios, Lindao supo que la medida le había dado al presidente Guillermo Lasso tiempo para reestructurar su mayoría en el Legislativo. También se enteró de planes para reemplazar a Diana Salazar en la Fiscalía y a Lasso en la presidencia, y que la dirección del CJ en Santo Domingo había sido adquirida por $30,000.
Lindao subrayó que no recibió compensación por la medida cautelar y que su decisión se basó en la convicción de defender la democracia y el control constitucional. Sin embargo, recibió múltiples denuncias en su contra por parte de asambleístas, y en diciembre también ordenó la posesión de Roberto Romero como superintendente de Bancos, medida que no fue cumplida y por la cual fue presionado por Zambrano.
El exjuez concluyó que su decisión de emitir la medida cautelar fue respaldada por el apoyo del gobierno y que la remoción del director de Patrocinio Jurídico de la Procuraduría General del Estado reforzó su convicción de estar en el camino correcto.
