Ecuador ha sido objeto de controversia tras la reciente publicación de un artículo en The Economist, titulado «Un viaje por el nuevo narcoestado del mundo». El reportaje, escrito por Alexander Clapp, afirma que la transformación de Ecuador, desde una de las naciones más estables de Sudamérica hasta convertirse en el país más peligroso del continente, ha sido impulsada por el auge de la cocaína y el crimen organizado. En su análisis, Clapp señala que el país sufrió más de 8.000 homicidios en el último año, destacando a Durán como un “microestado” donde el crimen organizado ha secuestrado gran parte del aparato gubernamental, llevando a la ciudad a convertirse en la “capital mundial del asesinato”, con un promedio de un homicidio cada 19 horas.
Para Jean Paul Pinto, analista en temas de seguridad, el artículo refleja la realidad de varios puntos del país, especialmente en áreas donde los grupos criminales ejercen un control absoluto. Sin embargo, Pinto aclara que el término “narcoestado” no se ajusta a la realidad del país, ya que no todo Ecuador se encuentra bajo el control de los narcotraficantes. Según el experto, aunque algunas zonas pueden parecer Estados fallidos debido a la ausencia de presencia del gobierno, como Durán, eso no significa que Ecuador en su totalidad sea un narcoestado. En su opinión, lo que ocurre en estas áreas es un fenómeno de «microestados», donde las bandas criminales imponen sus propias leyes, controlan los servicios básicos como agua y electricidad, y deciden quién entra o sale de sus territorios.
Pinto propone que la solución para recuperar estos territorios debe ir más allá de las acciones militares o de mano dura. La clave, señala, radica en la presencia estatal física, similar a las intervenciones que se llevaron a cabo en Colombia, como en el Cauca, donde el gobierno militarizó la zona, expulsó a las disidencias y implementó políticas públicas efectivas. Además, subraya la importancia de la colaboración del sector privado, con incentivos tributarios para proyectos de seguridad y apoyo a los habitantes de estas zonas a través de oportunidades educativas y de emprendimiento.
Por otro lado, Daniel Pontón, experto en seguridad y académico, expresó su desacuerdo con la calificación de Ecuador como “narcoestado” que aparece en el titular de The Economist. Según Pontón, aunque el país enfrenta problemas graves de violencia y mafias territoriales, calificar a Ecuador de esa manera es una exageración y puede tener efectos negativos en la percepción pública. Explicó que, a diferencia de un “narcoestado” donde los narcotraficantes controlan todos los aspectos de la vida cotidiana, en Ecuador aún existe un Estado que ejerce control sobre la mayoría del territorio. Si bien hay zonas donde el gobierno no puede ejercer completamente su soberanía, como ocurre con ciertas áreas controladas por bandas criminales, eso no es indicativo de que el país entero esté bajo el dominio del narcotráfico.
Pontón también destacó que este tipo de afirmaciones afecta la confianza de la ciudadanía en las instituciones públicas, generando una mayor dependencia de actores privados para garantizar seguridad. Para él, el gobierno ecuatoriano debería implementar una estrategia de comunicación más efectiva que desmienta la idea de un Ecuador completamente desbordado por el crimen y restablezca la imagen de normalidad en muchas de sus ciudades y barrios.
El ministro de Gobierno, José de la Gasca, también se pronunció en contra de la generalización del artículo de The Economist, señalando que la publicación no toma en cuenta un decreto ejecutivo que declara oficialmente un conflicto armado interno en el país, así como la guerra contra el crimen organizado internacional y el terrorismo. Para el ministro, el informe refleja una situación anterior al gobierno actual, sin reconocer los esfuerzos que se han implementado recientemente para combatir el crimen organizado en el país.
