El presidente de Ecuador, Daniel Noboa, ha dado un paso importante en su lucha contra la inseguridad al anunciar el 19 de febrero de 2025 su disposición de permitir la intervención de fuerzas especiales de seguridad extranjeras en el país. Esta iniciativa tiene como objetivo fortalecer la lucha contra el crimen organizado y otras amenazas de seguridad que aquejan al Ecuador. Sin embargo, el plan aún enfrenta varios obstáculos legales y constitucionales que deben ser superados para que pueda concretarse.
El presidente dispuso que la Cancillería ecuatoriana inicie acercamientos diplomáticos para permitir que fuerzas especiales internacionales puedan ingresar al país con el fin de cooperar en las labores de seguridad. Este anuncio se da en un momento crucial para la política de seguridad del país, ya que en la Asamblea Nacional se tramita una propuesta para modificar el artículo 5 de la Constitución, el cual actualmente prohíbe la presencia de bases militares extranjeras en territorio ecuatoriano.
El cambio propuesto sugiere modificar el texto de dicho artículo, que actualmente establece que “Ecuador es un territorio de paz”, para sustituirlo por una frase más flexible que permita la cooperación internacional en el área de seguridad. Este cambio es clave para la materialización de la propuesta de Noboa, ya que la presencia de fuerzas extranjeras, aunque temporal y específica para operaciones de seguridad, necesitaría un marco legal que permita estos acuerdos sin violar la soberanía del país.
El debate sobre este tema se centra en si la modificación constitucional permitirá o no la presencia de fuerzas militares extranjeras. Según José Chalco, abogado constitucionalista, existen dos vías legales para que este tipo de colaboración sea posible: la firma de acuerdos internacionales que involucren la cooperación de seguridad con países aliados, y la modificación de la Constitución para permitir la presencia de estas fuerzas. La discusión en la Asamblea sobre la reforma al artículo 5 es un reflejo de estos dos enfoques, ya que la modificación puede ofrecer la base legal necesaria para formalizar acuerdos con otros países en cuanto a la seguridad y la lucha contra el crimen organizado.
A pesar de las propuestas, algunos sectores políticos y sociales aún muestran reservas sobre la viabilidad de la cooperación internacional en seguridad, especialmente por la preocupación de que pueda interpretarse como una vulneración de la soberanía nacional. Sin embargo, el gobierno de Noboa sigue apostando por este tipo de acuerdos como una forma de fortalecer las capacidades del Ecuador frente a amenazas globales, como el narcotráfico y el crimen organizado transnacional.
En resumen, la iniciativa de cooperación internacional en seguridad promovida por el presidente Noboa se encuentra en una fase decisiva, ya que depende de la modificación constitucional que actualmente se discute en la Asamblea Nacional. Si se aprueba esta reforma, el país podría abrir las puertas a la colaboración de fuerzas internacionales en su lucha contra la inseguridad, pero aún está por verse si el texto propuesto logrará el respaldo suficiente para superar las dudas sobre la soberanía nacional.
