La posibilidad de que una futura Asamblea Constituyente se declare de plenos poderes y ordene la disolución del actual Parlamento ha generado una ola de preocupación entre los legisladores ecuatorianos. A pocos días del referéndum del 16 de noviembre, en el que 13,9 millones de votantes decidirán si se convoca o no a una constituyente, el ambiente político se encuentra marcado por la incertidumbre y el recuerdo de 2007, cuando el entonces presidente Rafael Correa impulsó una Asamblea que disolvió el Congreso Nacional.
El debate en torno a esta consulta popular se intensifica a medida que la campaña oficial avanza. Desde el 1 hasta el 13 de noviembre, Ecuador vive un proceso electoral que incluye tres preguntas de referéndum y una de consulta popular, impulsadas por el Gobierno de Daniel Noboa Azín. Esta última pregunta propone instalar una Asamblea Constituyente elegida por voto popular, que redacte una nueva Constitución para reemplazar la vigente desde 2008.
El texto sometido a consulta plantea que la nueva Carta Magna entrará en vigor únicamente si es aprobada en referéndum. Sin embargo, la ambigüedad sobre si la futura constituyente podría asumir plenos poderes ha encendido las alarmas. Aunque el estatuto constituyente no menciona expresamente esa facultad, en la práctica, muchas asambleas constituyentes en América Latina han asumido soberanía plena, desplazando temporalmente a los poderes constituidos.
Durante el feriado del Día de los Difuntos y la Independencia de Cuenca, los asambleístas aprovecharon sus recorridos para acercarse a los votantes. Los oficialistas promueven la constituyente como una oportunidad para “refundar el país”, mientras que la oposición, representada por Revolución Ciudadana y Pachakutik, advierte que podría abrir un nuevo ciclo de concentración del poder y pérdida de derechos colectivos.
Pese a las diferencias políticas, el temor es común. Muchos legisladores reconocen en privado que sus cargos podrían tener los días contados si la constituyente asume autoridad total. El actual periodo legislativo, iniciado el 14 de mayo de 2025, debería extenderse hasta 2029, pero una eventual disolución lo interrumpiría de forma anticipada.
Fuentes legislativas confirman que el propio Ejecutivo ha advertido a sus filas sobre esta posibilidad, lo que ha motivado a algunos asambleístas a considerar una postulación a la futura constituyente. En los pasillos del Palacio Legislativo, el tema se comenta en voz baja, aunque la inquietud crece con cada día de campaña.
La asambleísta Lucía Pozo, de Acción Democrática Nacional (ADN), aseguró que estarán vigilantes ante las decisiones de la nueva asamblea: “Si la constituyente se declara de plenos poderes, serviremos a la patria desde cualquier instancia”, expresó. Su compañero de bancada, Milton Aguas, representante de Galápagos, manifestó su esperanza de que no se repita la historia de 2007: “Este puesto pertenece primero a Dios y luego al pueblo. Si la voluntad popular decide otro camino, lo aceptaremos”.
Desde la Revolución Ciudadana, el legislador Blasco Luna señaló que no se aferra al cargo, aunque recordó que la Corte Constitucional aclaró que una constituyente no puede declararse de plenos poderes. “En este país todo puede pasar, pero si gana el sí, habrá que ver qué sucede”, comentó.
Además, la actual Constitución no contempla mecanismos para mantener en funciones a los asambleístas durante el proceso constituyente. Esta ausencia legal deja en el aire la continuidad de las comisiones y el trámite de leyes, que podrían ser anuladas o reformadas si la nueva Constitución modifica el marco institucional.
Más allá del debate jurídico, la campaña electoral se ha convertido en un escenario de supervivencia política. Para muchos legisladores, el dilema es doble: defender su cargo o respaldar la voluntad popular. Los resultados del 16 de noviembre definirán no solo el futuro constitucional del país, sino también el destino inmediato de quienes hoy ocupan las curules del Parlamento.
