El Gobierno de Ecuador confirmó que el precio del diésel experimentará una reducción progresiva durante los próximos meses, luego de la eliminación del subsidio establecida mediante el Decreto Ejecutivo 126. Desde el 13 de septiembre de 2025, el galón de diésel se fijó en $2,80, tras años de mantenerse congelado en $1,797, lo que representó un incremento de un dólar. Este ajuste provocó un paro indígena que se extendió por un mes en varias zonas de la Sierra, finalizando el 22 de octubre de 2025.
El presidente Daniel Noboa informó los precios oficiales del diésel para los próximos meses, con el propósito de brindar previsibilidad a los sectores productivos y de transporte. Según el anuncio, los valores serán los siguientes:
- $2,78 por galón desde el 15 de diciembre de 2025
- $2,70 por galón desde febrero de 2026
Estas cifras representan una reducción de dos y diez centavos respectivamente, en comparación con el valor actual. Noboa aseguró que el objetivo de esta medida es garantizar estabilidad en los costos operativos de actividades esenciales como el transporte, la pesca y la agricultura, sectores altamente dependientes del combustible diésel.
A partir de diciembre, el precio del diésel se ajustará mensualmente mediante el sistema de bandas, el mismo mecanismo que regula los precios de las gasolinas extra y ecopaís. Este sistema toma como referencia la cotización internacional del petróleo WTI, permitiendo que los precios reflejen de manera más directa las condiciones del mercado global.
El Viceministerio de Hidrocarburos ya había anticipado el 24 de septiembre de 2025 una reducción gradual en los primeros tres ajustes mensuales del diésel. Según sus proyecciones, los precios serán los siguientes:
- $2,79 por galón desde el 12 de diciembre de 2025 hasta finalizar el año
- $2,74 por galón en enero de 2026
- $2,72 por galón en febrero de 2026
Con estas cifras, el Gobierno busca equilibrar el impacto económico de la eliminación del subsidio sin afectar de manera abrupta a los consumidores y al sector productivo. Además, la política de precios flexibles permitirá responder más eficientemente a las variaciones internacionales del crudo, fortaleciendo la sostenibilidad fiscal del país.
Expertos del sector energético coinciden en que este esquema podría beneficiar la transparencia del mercado de combustibles y reducir el gasto público destinado a subsidios, que en 2024 superó los $1.200 millones, según datos oficiales. No obstante, advierten que será fundamental mantener un monitoreo constante para evitar efectos inflacionarios en los precios del transporte y los alimentos.
El anuncio de Noboa marca un paso clave en la reforma energética que su administración impulsa para reestructurar el sistema de subsidios y fomentar un uso más eficiente de los recursos públicos. Con los ajustes programados, el Gobierno busca avanzar hacia una transición fiscal y energética ordenada, en la que los precios reflejen con mayor precisión las condiciones reales del mercado internacional.
