El gobierno de Ecuador ha renovado el estado de excepción en varias provincias y cantones por los próximos 30 días, con el objetivo de frenar la creciente violencia y el crimen organizado que afecta al país. A partir de este martes, 5 de marzo, las restricciones seguirán aplicándose en las provincias de Guayas, Los Ríos, Manabí, Orellana, Santa Elena, El Oro, y Sucumbíos. Además, el Distrito Metropolitano de Quito, en la provincia de Pichincha, y el cantón Camilo Ponce Enríquez, en Azuay, también estarán bajo las medidas excepcionales.
Este decreto ejecutivo, que extiende las restricciones por tercera vez, busca controlar la situación de seguridad pública que continúa desbordando los esfuerzos de las autoridades locales. A pesar de las recientes intervenciones, la violencia en varias de estas zonas ha empeorado, lo que llevó a la renovación de la medida. Cabe señalar que el cantón La Troncal, en la provincia de Cañar, que había estado bajo estado de excepción en el decreto de enero, ya no está incluido en esta nueva prórroga.
El gobierno justifica la extensión del estado de excepción en el país como una respuesta a la grave conmoción interna generada por el aumento de actos violentos y criminales. La medida es un intento por parte de las autoridades de controlar la inseguridad y garantizar la protección de los ciudadanos. Sin embargo, tras la revisión de la Corte Constitucional, se ha eliminado la referencia a «conflicto armado interno» que inicialmente formaba parte de la justificación del decreto, lo que responde a las observaciones que la misma Corte había emitido respecto a la constitucionalidad de la terminología empleada.
Con la renovación del estado de excepción, las fuerzas de seguridad, tanto de la Policía Nacional como de las Fuerzas Armadas, mantendrán el control de la seguridad pública en estas regiones a través de operativos conjuntos, que incluyen la implementación de toques de queda, el control de circulación y la intensificación de patrullajes en áreas consideradas de alto riesgo. Se espera que estas medidas contribuyan a la reducción de la violencia y el crimen organizado, particularmente en zonas afectadas por disputas entre bandas criminales.
Este estado de excepción en Ecuador se mantiene vigente en medio de una creciente preocupación por el auge de la violencia en el país, especialmente en ciudades y provincias clave como Guayas y Los Ríos, donde los actos delictivos relacionados con el narcotráfico y las organizaciones criminales continúan siendo una amenaza constante para la población.
