El enfrentamiento entre el alcalde de Guayaquil, Aquiles Álvarez, y la legisladora Lucía Jaramillo se intensificó el 17 de febrero de 2025, cuando la asambleísta, quien actualmente milita en Acción Democrática Nacional (ADN), respondió enérgicamente a los comentarios realizados por Álvarez en una entrevista.
Este cruce de declaraciones se produce luego de que el alcalde de Guayaquil, en una entrevista con el portal digital La Posta, pidiera disculpas públicamente por su comportamiento hacia Jaramillo, aunque continuó defendiendo su opinión. Durante la entrevista, Álvarez admitió haber cometido un «exceso en la forma de decir las cosas» y expresó su disposición a disculparse con la legisladora por los términos utilizados. Sin embargo, reafirmó su posición al describir a Jaramillo como una “vaga”, un término que había utilizado previamente en un contexto que desató el conflicto.
La disputa tiene como trasfondo una sentencia del Tribunal Contencioso Electoral (TCE) en la que Álvarez fue hallado culpable de violencia política de género hacia Jaramillo. La razón de esta sentencia radica en que el alcalde de Guayaquil había llamado “niña vaga” a la asambleísta en un acto público. Este comentario fue considerado por el TCE como una manifestación de violencia política de género, ya que empleó un lenguaje denigrante y sexista hacia la legisladora.
El TCE ordenó a Álvarez ofrecer una disculpa formal a Jaramillo, aunque el alcalde, al reafirmar su opinión, no parecía estar dispuesto a retractarse completamente de sus declaraciones. Este hecho ha generado una gran controversia, especialmente en un contexto en el que las acusaciones de violencia política de género son un tema de creciente atención y debate en Ecuador.
Lucía Jaramillo, por su parte, respondió de manera contundente a las declaraciones de Álvarez. En su cuenta de X, la asambleísta expresó su malestar por los comentarios del alcalde y destacó la importancia de la justicia frente a la violencia política de género. Jaramillo también resaltó que este tipo de actitudes solo contribuyen a perpetuar la discriminación y la desvalorización de las mujeres en la política ecuatoriana.
La controversia refleja no solo un enfrentamiento personal entre las dos figuras políticas, sino también una discusión más amplia sobre el trato hacia las mujeres en la esfera pública y política del país. Los comentarios de Álvarez han sido criticados por muchos como una manifestación de misoginia, mientras que otros consideran que se trata de un episodio desafortunado que, en última instancia, pone de manifiesto las tensiones de género dentro de la política ecuatoriana.
En medio de este conflicto, tanto la ciudadanía como diversos actores políticos se mantienen atentos a cómo se desarrollarán los eventos, especialmente en cuanto a las medidas que tomará el TCE y si el alcalde cumplirá con la sentencia dictada. La situación pone sobre la mesa un tema crucial: la necesidad de erradicar la violencia política de género en Ecuador y garantizar que las mujeres en política puedan ejercer su labor sin ser objeto de discriminación o ataques sexistas.
