La Agencia de Regulación y Control de Energía y Recursos Naturales No Renovables (Arcom) anunció oficialmente la apertura de la primera fase del proceso para reactivar el catastro minero en Ecuador, inactivo desde 2018. A través de una resolución emitida este mes, la entidad solicitó a los Gobiernos Autónomos Descentralizados (GAD) la entrega obligatoria de información relacionada con las concesiones mineras otorgadas después del cierre del registro hace seis años.
La medida marca un paso clave para transparentar y ordenar el sector minero, permitiendo una actualización estructurada del sistema de concesiones. Esta reactivación es esperada por empresas, comunidades y autoridades, ya que facilitará nuevas inversiones y permitirá controlar mejor las operaciones legales e ilegales.
“Este proceso no solo busca ordenar el catastro, sino también garantizar la trazabilidad y legalidad en todas las fases de la actividad minera”, afirmó un vocero de Arcom.
GAD deberán responder en un plazo de cinco días
De acuerdo con la resolución, los GAD provinciales, municipales y parroquiales cuentan con un plazo de cinco días hábiles desde la notificación para remitir toda la información correspondiente a concesiones mineras o solicitudes realizadas luego de 2018. Esta obligación incluye documentación técnica, informes de inspección y cualquier resolución administrativa emitida.
La Arcom indicó que esta fase es indispensable para validar el estado real de las concesiones otorgadas durante el período en que el catastro permaneció cerrado, ya que no existía una base de datos oficial actualizada.
La recopilación de esta información será parte de una auditoría integral que permitirá al Gobierno identificar irregularidades, zonas de sobreposición o conflictos con áreas protegidas, territorios ancestrales o proyectos productivos.
Hacia una minería regulada y responsable
La reapertura del catastro minero es uno de los compromisos asumidos por el Ministerio de Energía y el Gobierno Nacional para atraer inversión extranjera responsable, garantizar seguridad jurídica y reducir la minería ilegal, que actualmente representa uno de los principales problemas ambientales y sociales en diversas regiones del país.
Organizaciones mineras han mostrado interés en esta nueva etapa, ya que permitirá legalizar procesos detenidos desde 2018 y avanzar en solicitudes pendientes, especialmente en regiones como Zamora Chinchipe, Imbabura y El Oro, donde existe fuerte potencial geológico.
“La planificación minera debe ir de la mano con la sostenibilidad ambiental y el desarrollo territorial”, destacaron desde el Ministerio de Energía.
La segunda fase del proceso incluirá la apertura de solicitudes para nuevas concesiones, pero se realizará únicamente una vez completada la verificación documental y técnica de esta etapa inicial.
