La Comisión de Régimen Económico de la Asamblea Nacional de Ecuador está revisando un proyecto de ley urgente que podría traer un cambio significativo para el mercado de vehículos usados en el país. Se prevé que la reforma elimine el impuesto del 1% sobre la compraventa de autos usados cuyo valor no supere los $20,000. Este proyecto busca formalizar las transacciones de vehículos y mejorar la recaudación fiscal, mientras combate el lavado de activos en el sector.
El informe del primer debate de esta reforma está programado para ser aprobado el sábado, y la propuesta pasará al pleno de la Asamblea Nacional la próxima semana. Esta medida es parte de un paquete más amplio de iniciativas orientadas a la mejora recaudatoria, y su implementación promete tener un impacto importante en los compradores y vendedores de vehículos usados en Ecuador.
¿Qué propone el proyecto de ley?
El proyecto de ley establece que el impuesto del 1% sobre la compraventa de vehículos usados solo se aplicará a aquellos vehículos cuyo valor supere los $20,000. Los autos de menor precio estarán exentos de este tributo, lo que, según los legisladores, busca incentivar la formalización del mercado de vehículos usados y mejorar la transparencia en este sector.
Nathaly Farinango, presidenta de la Comisión de Régimen Económico, explicó que este ajuste es necesario para regular las transacciones de autos en los patios de ventas, que, de acuerdo con normativas internacionales, son considerados de alto riesgo en términos de lavado de dinero. La legislación está orientada a cerrar las brechas en el control fiscal y financiero del sector automotriz de segunda mano.
Además, Farinango destacó que, actualmente, todos los vehículos, sin importar su valor, están sujetos a este impuesto. Con el cambio, los autos valorados por debajo de los $20,000 no pagarían este tributo, mientras que aquellos que superen ese umbral tendrían una escala progresiva del impuesto, que podría llegar hasta un 5%, dependiendo del precio del vehículo.
Escala gradual del impuesto para vehículos de más de $20,000
La nueva propuesta establece una escala progresiva de impuestos para los vehículos usados que superen los $20,000. Si bien aún se está evaluando, se contempla que el impuesto comience en un 0,5%, con un posible aumento hasta un 5%, dependiendo de la valoración del vehículo. Esta medida tiene como objetivo fomentar la formalización del comercio de vehículos usados, al tiempo que asegura una recaudación fiscal más eficiente.
El Servicio de Rentas Internas (SRI) será la institución encargada de establecer el valor real de los vehículos usados, apoyándose en el avalúo comercial. Esto permitirá un control más preciso sobre las transacciones y garantizará que los impuestos sean proporcionales al valor real de los autos vendidos.
Medidas contra el lavado de activos
El proyecto también incluye medidas para combatir el lavado de activos en el sector de vehículos usados. Para ello, se prevé que la Unidad de Análisis Financiero y Económico (UAFE) realice operativos permanentes en los patios de vehículos, dado que estos puntos de venta han sido identificados como áreas de alto riesgo para el blanqueo de dinero.
Además, Ecuador debe cumplir con evaluaciones internacionales cada cuatro años para garantizar que se están implementando medidas eficaces contra el lavado de activos, lo que hace que este tipo de reformas sean cruciales para mantener la reputación fiscal del país y evitar ser colocado en listas negras internacionales.
Modificaciones en la normativa sobre la UAFE y la transparencia en el fútbol
Otra de las reformas discutidas en la Comisión de Régimen Económico tiene que ver con la modificación en la designación del director de la UAFE, cuya elección está siendo revisada por la Corte Constitucional debido a una acción pública de inconstitucionalidad presentada por la Secretaría Jurídica de la Presidencia. Este cambio busca fortalecer las estructuras del control financiero en el país.
Además, se está debatiendo una reforma que afectaría a las sociedades anónimas deportivas, en especial a los equipos de fútbol. La nueva legislación buscaría que estas entidades, que actualmente son consideradas sin fines de lucro, pasen a ser sociedades civiles o anónimas deportivas, lo que permitiría una mayor transparencia en la inversión de los clubes y una mejor regulación de los flujos de dinero que manejan. Esta medida pretende conocer con mayor precisión quiénes son los socios e inversores, así como la fuente de los fondos que ingresan a los equipos, lo que contribuiría a una mayor transparencia y rendición de cuentas.
Otra ley urgente: alivio económico para la población
En paralelo, la Comisión de Desarrollo Económico tramita otra ley urgente que busca ofrecer alivio financiero a las empresas y trabajadores del país. Entre sus principales disposiciones, se encuentra la suspensión temporal de la moratoria de pagos al Instituto de Seguridad Social (IESS) y la extinción de deudas con el Servicio de Rentas Internas (SRI). Esta reforma también ampliaría los plazos para el cumplimiento de las obligaciones patronales, lo que proporcionaría un respiro a las empresas afectadas por la crisis económica.
La presidenta de la Comisión de Desarrollo Económico, Valentina Centeno, explicó que esta normativa tiene como objetivo aliviar las cargas financieras de las empresas y trabajadores para fomentar la reactivación económica en el país. Este proyecto también está en proceso de debate y se espera que sea aprobado en los próximos días.
