Los dos privados de la libertad fueron procesados por el asesinato de 65 reclusos, entre la noche del 12 y la madrugada del 13 de noviembre de 2021. El ataque dejó también 25 heridos (internos y personal policial).
Fiscalía del Guayas procesó a dos personas privadas de libertad (PPL) que habrían participado en la masacre dentro de la Penitenciaria del Litoral, en Guayaquil, en noviembre de 2021.
La matanza dejó 65 presos fallecidos y 25 heridos, entre internos y policías.
En la audiencia de formulación de cargos, desarrollada en la Unidad Judicial Florida Norte, el fiscal Édgar Escobar presentó el acta de levantamiento de cadáveres y protocolo de autopsia, informes policiales y denuncias de los familiares de las víctimas.
Además, videos de cámaras de vigilancia del interior de la Penitenciaría, información extraída de teléfonos celulares, entre otros elementos de convicción.
El juez de Garantías Penales, Juan Carlos Terán, acogió el pedido de Fiscalía y dispuso una nueva orden de prisión preventiva contra Manuel Ayoví (alias ‘Cebolla’) y Diego Pico (alias ‘Coliflor’). El papel de ambos procesados fue la haber proveído de armas y explosivos a los demás para que ingresaran a los diferentes pabellones, en especial al F donde asesinaron a los internos y personal uniformados.
Víctor Zárate, jefe policial de la zona 8, manifestó que Ayoví, de 26 años, tiene antecedentes por violación a domicilio en 2014 y por robo en 2017. Mientras que Pico, también de 26 años, tiene antecedentes por asesinato en 2017 y 2018, y por tráfico de drogas en 2017.
Contexto.
La noche del viernes 12 de noviembre de 2021, se registraron enfrentamientos de diversos grupos de privados de libertad al interior de la Penitenciaria del Litoral de Guayaquil, por lo que personal policial y militar se desplegó para tratar de retomar el control al interior del establecimiento penitenciario.
Los incidentes, en los que habrían participado reclusos del pabellón 2 (que cuenta con unos 700 detenidos) y el Transitorio, se deberían a una presunta disputa y toma de mando de organizaciones delictivas de estos sectores, luego de que un cabecilla de uno de estos grupos saliera en libertad.
Sanción.
Fiscalía procesó este caso con base en el artículo 140, numerales 2, 5, 6 y 9, del Código Orgánico Integral Penal (COIP), que sanciona el delito de asesinato con pena privativa de libertad de veintidós a veintiséis años.
