Edmundo González Urrutia, candidato opositor venezolano, ha decidido por el momento no solicitar asilo en ninguna embajada, a pesar de la reciente orden de captura en su contra emitida por un tribunal con competencia en terrorismo. La decisión se produce en un contexto de creciente rechazo y preocupación internacional.
La orden de detención, dictada el lunes por la noche tras la solicitud de la Fiscalía, señala a González, de 75 años, por delitos que incluyen «desobediencia a leyes», «conspiración», «usurpación de funciones» y «sabotaje». González ha denunciado que la reelección del presidente Nicolás Maduro fue fraudulenta y afirma haber ganado en las elecciones del 28 de julio.
Desde hace algo más de un mes, González se encuentra en la clandestinidad. Su abogado, José Vicente Haro, habló a las afueras de la residencia del candidato en Caracas, indicando que aún se desconoce gran parte del expediente judicial en su contra. Haro también confirmó que ni González ni su familia han considerado solicitar asilo en alguna delegación diplomática. “No se ha planteado el asilo. Es un asunto que no ha sido considerado hasta ahora”, precisó el abogado.
Sobre el estado actual de González, Haro añadió que por razones de seguridad, el excandidato no está en su residencia. La orden de captura, emitida por la policía judicial, aún no ha sido ejecutada.
Críticas Internacionales y Posibles Sanciones
La orden de arresto ha sido condenada internacionalmente. John Kirby, portavoz del Consejo de Seguridad Nacional de Estados Unidos, denunció que la medida es otro intento de Nicolás Maduro por mantenerse en el poder mediante la fuerza. Brian Nichols, representante estadounidense para América Latina y el Caribe, calificó la orden de arresto como “injustificada”.
En respuesta, Estados Unidos, que no mantiene relaciones diplomáticas formales con Venezuela desde hace cinco años, está considerando “una serie de opciones” para demostrar a Maduro que sus acciones tienen consecuencias, según Matthew Miller, portavoz del Departamento de Estado. A pesar de la flexibilización reciente de las sanciones, especialmente en el sector petrolero, Washington ya impuso una batería de sanciones en 2019 contra el país caribeño.
En la Unión Europea, Josep Borrell, jefe de la diplomacia, rechazó “categóricamente” la medida, mientras que el secretario general de la ONU, António Guterres, ha manifestado su preocupación y ha hecho un llamado a la protección total de los derechos humanos en Venezuela.
Países como Argentina, Costa Rica, Ecuador, Guatemala, Panamá, Paraguay, Perú, República Dominicana y Uruguay también han expresado su rechazo “inequívoco y absoluto” a la orden de captura. Estas naciones, que han roto relaciones diplomáticas con Venezuela tras no reconocer la reelección de Maduro, consideran la disposición como un intento de “silenciar al señor González” y una forma de persecución política.
María Corina Machado, líder opositora venezolana, agradeció en Twitter las muestras de apoyo internacional hacia González.
