Desde territorio colombiano, el excandidato a la vicepresidencia de Ecuador por la alianza correísta, Diego Borja, respondió públicamente al ofrecimiento de asilo político realizado por el presidente de Colombia, Gustavo Petro, quien manifestó su disposición a acoger a ecuatorianos que, según él, están siendo objeto de persecución política en su país.
“Gracias por su solidaridad, presidente Petro”, escribió Borja a través de sus redes sociales, destacando el respaldo del mandatario colombiano tras los hechos ocurridos en Ecuador durante las últimas semanas. El dirigente correísta también aprovechó para lanzar duras críticas contra el actual presidente ecuatoriano, Daniel Noboa Azín, a quien responsabilizó de liderar lo que calificó como una “injusta e ilegal persecución”.
Borja afirmó que su ingreso a Colombia se dio bajo circunstancias extraordinarias, asegurando que su salida del país fue necesaria para evitar una detención “sin causa, sin orden judicial y sin ninguna base legal”. Estas declaraciones refuerzan la narrativa de varios sectores de la oposición que han denunciado una supuesta estrategia gubernamental para neutralizar a figuras cercanas al movimiento Revolución Ciudadana.
El gesto de Petro se da en medio de crecientes tensiones diplomáticas y políticas entre Ecuador y otros países de la región, tras decisiones recientes del gobierno de Noboa que han sido cuestionadas en foros internacionales por presuntas vulneraciones a los derechos políticos y civiles.
En su mensaje, Borja no dio detalles sobre si solicitará formalmente asilo político en Colombia, pero dejó entrever que permanecerá fuera del país por tiempo indefinido, al considerar que no existen garantías para un debido proceso.
Esta situación revive un escenario que recuerda a otras figuras del correísmo que en el pasado han solicitado refugio en otras naciones latinoamericanas, argumentando persecución judicial y hostigamiento político.
Por su parte, el gobierno de Ecuador no ha emitido un pronunciamiento oficial sobre el caso puntual de Borja ni sobre la declaración de Petro. Sin embargo, desde el entorno presidencial se ha insistido en que todas las acciones del Ejecutivo se enmarcan en el respeto al Estado de derecho.
