La fiscal general del Estado, Diana Salazar, ha solicitado a la Asamblea Nacional que se reanude el juicio político en su contra, el cual había sido suspendido anteriormente por su propia solicitud debido a un embarazo de alto riesgo. Este pedido fue realizado a través del oficio n.º FGE-DSP-2024-007872-O.
La noticia fue confirmada por la Asamblea Nacional mediante un comunicado en sus redes sociales, y posteriormente, Salazar también la ratificó en un video publicado en la misma plataforma. En su declaración, Salazar expresó: “Para mantener la transparencia que siempre me ha caracterizado, informo a la Asamblea Nacional que la pausa en el juicio ha concluido. Con la autorización médica, puedo comunicar que hemos superado el riesgo. Continuaré ejerciendo mis funciones en las audiencias necesarias, sin que el proceso de este juicio político interfiera en mi trabajo, como ha sido mi compromiso durante los últimos cinco años y medio. No permitiremos que este evento distraiga la atención de los casos que gestiono, como los de Vocales, Independencia Judicial, Metástasis, Purga y Plaga”, indicó.
Por su parte, la Asamblea Nacional anunció que, al concluir su receso el próximo 2 de septiembre, el presidente de la Asamblea, Henry Kronfle, convocará al Consejo de Administración Legislativa (CAL) para revisar y decidir sobre la solicitud de reactivación del juicio político presentada por Salazar.
El 16 de mayo, la fiscal había informado en sus redes sociales sobre su embarazo y solicitó la suspensión del proceso de interpelación debido a su situación médica. Previo a su anuncio público, Salazar comunicó su situación a Kronfle, quien a su vez consultó a la Procuraduría General sobre la posibilidad de suspender los plazos del juicio político en casos de embarazo delicado o enfermedad catastrófica. La Procuraduría emitió una resolución favorable a la solicitud, y el 17 de mayo, el CAL aceptó la petición de suspensión.
Este juicio político contra Salazar es promovido por el correísmo, y se la acusa de incumplimiento de funciones y de manejar de manera sesgada la investigación de al menos doce casos de relevancia nacional.
