La fiscal general del Estado, Diana Salazar Méndez, ha expresado su preocupación por el riesgo que supone que sectores políticos divulguen su ubicación. Esto ocurre tras la reciente convocatoria de la Comisión de Fiscalización de la Asamblea Nacional, que la citó para que explique sobre la filtración de conversaciones obtenidas de Fernando Villavicencio, el político asesinado en agosto de 2023. La fiscal, quien se encuentra en la recta final de su embarazo, ha señalado que esta información podría ser de interés para las organizaciones criminales que buscan atentar contra su vida y la de su familia.
El 19 de diciembre de 2024, Salazar emitió un comunicado a través de sus redes sociales en el que alertó sobre el interés de la bancada del correísmo, encabezada por la Revolución Ciudadana (RC), de convocarla a la Comisión de Fiscalización, presidida por la asambleísta Pamela Aguirre Zambonino. A pesar de las amenazas implícitas, la fiscal confirmó que su ubicación sigue siendo reservada debido a las amenazas a su seguridad.
La solicitud de comparecencia de Salazar se centra en un proceso de fiscalización relacionado con la difusión de presuntas conversaciones privadas del asesinado Fernando Villavicencio. Estas conversaciones fueron obtenidas del teléfono móvil del político y, según los informes, fueron compartidas en un enlace de internet por miembros de la RC, como la candidata a asambleísta Priscila Schettini y Angélica Porras Velasco, nominada para el cargo de jueza de la Corte Constitucional. Este hecho es parte de una serie de acciones que salpican a la bancada correísta, quienes han impulsado la investigación.
A pesar de ser convocada por la Comisión, Salazar no asistió a la sesión, lo que llevó a Aguirre a insistir en su comparecencia para esclarecer los hechos. La legisladora, que ha expresado su interés por conocer la verdad detrás de esta filtración, mencionó que la fiscal sería citada nuevamente.
Salazar, en su comunicado, reflexionó sobre la importancia que ha adquirido su ubicación para ciertos actores políticos, destacando que este interés surge en un momento donde ella está por dar a luz. Denunció que algunos asambleístas han intentado politizar su embarazo, poniendo en peligro su seguridad. En sus palabras, «esta información es interesante para las estructuras criminales que quieren acabar con mi vida y la de mi familia». También hizo una crítica al hecho de que la ubicación de la fiscal pareciera ser de mayor importancia para ciertos grupos que la situación de los procesados en el caso Metástasis, quienes aún permanecen prófugos.
La fiscal concluyó que, mientras ciertos sectores se enfocan en su paradero, el trabajo pendiente en el sistema de justicia sigue sin resolverse, afectando la confianza pública en las instituciones. La situación refleja la creciente tensión en el ámbito político y judicial del país, mientras persisten los desafíos para garantizar la seguridad de los funcionarios públicos.
