La propuesta del presidente ecuatoriano Daniel Noboa para permitir la instalación de bases militares extranjeras en Ecuador enfrenta múltiples desafíos legales y políticos que complican su posible aprobación. Esta iniciativa busca modificar el artículo 5 de la Constitución, que actualmente prohíbe tanto la instalación de bases extranjeras como la cesión de instalaciones militares a fuerzas extranjeras.
El contexto de esta propuesta surge tras una consulta popular sobre seguridad impulsada por Noboa hace cinco meses. En lugar de eliminar por completo el artículo, el presidente sugiere mantener la frase inicial que establece que «Ecuador es un territorio de paz», mientras se permite la presencia militar extranjera.
El éxito de esta reforma depende en gran medida de la celeridad de la Corte Constitucional y de la Asamblea Nacional para tramitar la propuesta antes de las elecciones generales del 9 de febrero de 2025, donde se elegirán presidente, vicepresidente, 151 asambleístas y 5 parlamentarios andinos. Para que la pregunta sobre la reforma aparezca en la boleta electoral, es fundamental que estos procesos se aceleren.
La Corte Constitucional ha delineado tres etapas clave para que cualquier reforma llegue a votación. Primero, debe emitir un dictamen sobre el procedimiento; luego, dictar la convocatoria a referéndum; y finalmente, realizar un control de constitucionalidad de la enmienda propuesta. Este proceso ha demostrado ser lento; un ejemplo reciente es la reforma parcial propuesta por el expresidente Guillermo Lasso, que tardó más de un año en ser aprobada.
El 31 de octubre de 2022, Lasso presentó su propuesta, la cual recibió un dictamen favorable solo el 28 de noviembre de 2023. Posteriormente, la Asamblea aprobó la reforma el 21 de diciembre y la Corte emitió su sentencia de control el 5 de febrero de 2024. Esta jurisprudencia establece que no solo se debe aprobar el texto normativo, sino también las preguntas que se someterán a votación.
La propuesta de Noboa para el referéndum se basa en una única pregunta, que se tramitará como una reforma parcial. El juez Enrique Herrería Bonet será responsable de elaborar el proyecto de dictamen, que deberá ser revisado por el pleno de la Corte dentro de un plazo de 10 días. Si todo avanza sin contratiempos, se espera un pronunciamiento constitucional a inicios de octubre.
Según la Constitución, el debate en la Asamblea debe realizarse en dos etapas, con un mínimo de 90 días entre ambas. Si se aprueba, el documento regresará a la Corte para que evalúe la convocatoria a referéndum y la legalidad de las preguntas formuladas. Una vez que la Corte emita un dictamen favorable, se deberá convocar a votación en un plazo de 45 días.
Si la propuesta de Noboa logra un dictamen positivo, podría ser discutida en la Asamblea entre noviembre y diciembre, justo cuando el país entrará en campaña electoral. Esto coincide con la posibilidad de una segunda vuelta electoral para la elección de presidente y vicepresidente, programada para el 13 de abril de 2025.
En caso de que la Corte determine que la vía para la reforma es una enmienda, Noboa podría emitir un decreto que convoque a elecciones, aunque este también requerirá un control por parte de la Corte.
El profesor Esteban Ron ha señalado que el procedimiento que la Corte podría elegir es la reforma parcial, lo que podría extender los tiempos políticos para el gobierno, especialmente dado el tenso clima entre las diferentes bancadas en la Asamblea. Sin embargo, algunos asambleístas del movimiento Construye y el Partido Social Cristiano han expresado inicialmente su apoyo a la iniciativa, citando el aumento de la violencia y la actividad de grupos del crimen organizado como razones de peso.
Ron también advierte que lograr que esta reforma se incluya en las elecciones generales de febrero podría ser complicado debido a la posible resistencia en la Asamblea y la proximidad del proceso electoral. Destaca que vincular la consulta popular con las elecciones podría beneficiar a Noboa, quien se perfila como precandidato a la presidencia por el movimiento Acción Democrática Nacional (ADN).
