Alejandro Muñoz Hidalgo, secretario general de la Asamblea Nacional, está en el centro de una controversia legal después de ser acusado de usurpación de funciones. La denuncia fue presentada el 23 de agosto de 2024 por Xavier Jurado Bedrán, asambleísta de Acción Democrática Nacional (ADN), quien ha llevado el caso a la Fiscalía General del Estado. Jurado alega que Muñoz cometió presuntos delitos de usurpación y simulación de funciones públicas, además de falsificación y uso de documentos falsos, según lo estipulado en el Código Orgánico Integral Penal (COIP).
La acusación surge después de que Muñoz, quien anteriormente formó parte de la bancada de Revolución Ciudadana (RC), manifestara su rechazo a una acción de protección presentada por militantes del Gobierno nacional. Esta acción buscaba reactivar tres juicios políticos que habían sido archivados por la Comisión de Fiscalización, dominada por el correísmo. Jurado Bedrán criticó a Muñoz por emitir declaraciones públicas en representación institucional de la Asamblea, alegando que estas eran infundadas y carecían de legitimidad.
Además, Jurado destacó que Muñoz ha mostrado una falta de cuidado en el ejercicio de sus funciones, mencionando que varias leyes aprobadas por el pleno aún no han sido publicadas en el Registro Oficial. Esta situación ha llevado a la presentación de varias «fe de erratas», un procedimiento que Jurado considera ilegal.
El 22 de agosto de 2024, Muñoz declaró a la prensa que la Asamblea no acataría una resolución judicial que ordenaba la reactivación de los juicios políticos archivados. Esta resolución fue emitida por el juez Édgar Romero Salazar, de la Unidad de Garantías Penales de Quitumbe en Quito, y buscaba revertir el archivo de los juicios contra los exministros del gobierno de Guillermo Lasso Mendoza: Sebastián Corral, exsecretario de la Administración Pública; Pablo Arosemena, exministro de Economía y Finanzas; y Andrea Montalvo, exministra de Senescyt.
La acción de protección presentada por la asambleísta Inés Alarcón Bueno exigía la anulación de las resoluciones de la Comisión de Fiscalización. A pesar de la decisión del juez, la Asamblea Nacional está actualmente en una etapa de vacancia hasta el 2 de septiembre, lo que limita la capacidad de la institución para actuar de inmediato. Muñoz, por su parte, descalificó la sentencia como «espuria e ilegal» y afirmó que su postura representaba una posición institucional.
