La Defensoría del Pueblo ha pedido a la Corte Constitucional que declare el incumplimiento de la sentencia relacionada con el caso del general de la Fuerza Aérea Ecuatoriana (FAE), Jorge Gabela, quien fue asesinado en 2010. Este pedido surge debido a la falta de documentos clave que la Presidencia de la República debía presentar para esclarecer las circunstancias del crimen.
En 2010, Gabela participó en una sesión de la Asamblea Nacional en la que denunció persecución por sus críticas a la compra de helicópteros Dhruv por parte del gobierno de Rafael Correa, una operación que resultó en accidentes de cuatro de las siete aeronaves adquiridas. La grabación de esa sesión y otros documentos relacionados no han podido ser localizados por la Presidencia, ni por la Asamblea Nacional.
La viuda de Gabela, Patricia Ochoa, ha liderado un incansable esfuerzo para obtener justicia y esclarecer la verdad sobre la muerte de su esposo, que fue clasificada inicialmente como un delito común. En febrero de 2023, la Corte Constitucional ordenó al gobierno de Guillermo Lasso que reconstruyera un informe forense de 2013, elaborado durante la administración de Rafael Correa, en el que se determinaba que el asesinato no fue un crimen común, sino que estaba vinculado a las denuncias de Gabela sobre la compra de los helicópteros. A pesar de que el perito argentino Roberto Meza reconstruyó el informe y lo entregó en julio de 2023, aún falta información clave.
La Corte también exigió la entrega de archivos digitales del juicio político contra el exministro de Defensa Javier Ponce, así como la grabación de la comparecencia de Gabela ante la Comisión de Fiscalización de la Asamblea Nacional en 2010. Sin embargo, la Presidencia no ha podido localizar estos documentos en sus archivos y solicitó ayuda a la Asamblea Nacional. Aunque la Asamblea proporcionó algunas grabaciones de febrero de 2010, el archivo de la sesión del 3 de febrero, en la que Gabela denunció la persecución, no ha sido encontrado.
Debido a esta situación, la Defensoría del Pueblo solicitó el 16 de septiembre de 2024 que se declare el incumplimiento de la sentencia y se apliquen sanciones correspondientes. La Corte Constitucional aún no ha emitido un pronunciamiento sobre este pedido, mientras que se cumplen casi 14 años del asesinato de Gabela, un crimen que fue juzgado inicialmente como un delito común, con cuatro personas sentenciadas. En mayo de 2018, la Fiscalía General abrió una nueva investigación por posibles violaciones a los derechos humanos, pero los resultados de dicha investigación aún no han sido revelados.
