En un desarrollo significativo, el Tribunal Contencioso Electoral (TCE) se prepara para tomar una decisión sobre la permanencia de cuatro vocales del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS). Los implicados, incluyendo a Augusto Verduga Sánchez y Yadira Saltos Rivas, junto a los suplentes Eduardo Franco Loor y Vielka Párraga Macías, enfrentan una sanción que podría resultar en su destitución, una multa de 70 salarios básicos y la pérdida de sus derechos políticos por cuatro años.
El juez Fernando Muñoz Benítez del TCE aceptó la denuncia presentada por los activistas Pamela Troya y Santiago Becdach. Los denunciantes acusan a los cuatro vocales de haber cometido una infracción electoral grave, según el numeral 12 del artículo 279 del Código de la Democracia, por incumplir las resoluciones del Consejo Nacional Electoral (CNE) y las sentencias del Tribunal Contencioso Electoral.
Durante los comicios seccionales y del CPCCS de febrero de 2023, los cuatro consejeros fueron promovidos por el movimiento político Revolución Ciudadana (RC), lo que generó controversia. La promoción se realizó a través de videos, entrevistas y una campaña conocida como la «liga azul», a pesar de que la Constitución y la Ley del CPCCS prohíben dicha actividad política durante el proceso electoral.
Este caso sigue el precedente establecido en mayo pasado, cuando el exconsejero Alembert Vera Rivera fue destituido por una infracción similar. En ese caso, se utilizó la misma base legal para la sanción.
Los vocales sancionados han apelado la decisión inicial del juez Muñoz, buscando que el pleno del TCE revise su caso. Una vez admitida la apelación, el próximo paso es designar a un juez sustanciador, quien elaborará un proyecto de sentencia para que sea revisado por los cinco jueces del pleno. Según el artículo 215 del reglamento del TCE, el pleno tiene un plazo de diez días, a partir de la fecha de admisión del recurso, para emitir una resolución definitiva.
Una vez que se tome una decisión, es posible solicitar aclaraciones o ampliaciones, aunque esto no afectará el fondo de la resolución. La atención está centrada en cómo el TCE abordará esta situación y qué impacto tendrá en la composición y funcionamiento del CPCCS.
