El proceso para seleccionar al próximo Fiscal General del Estado en Ecuador está en plena discusión, con especial énfasis en la calificación de méritos, un aspecto crucial del reglamento para el concurso público que definirá al nuevo titular de la Fiscalía. Este reglamento es esencial para asegurar un proceso justo y transparente en la designación de esta alta autoridad.
El estudio elaborado por la Fundación para el Debido Proceso subraya que el perfil de méritos es fundamental para minimizar la discrecionalidad en los nombramientos, garantizando que los candidatos sean evaluados de manera objetiva. La propuesta actual en debate sugiere una calificación de méritos basada en 50 puntos, con un total de 100 puntos disponibles que incluyen exámenes escritos y orales.
La fiscal actual, Diana Salazar Méndez, concluirá su mandato en abril de 2025, lo que deja al Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS) con la tarea de implementar este nuevo proceso antes de esa fecha. El CPCCS está en la fase de desarrollo del reglamento, que deberá ser aprobado para dar inicio al concurso. Aunque se anticipa que la fiscal actual podría continuar en funciones debido al avance lento del proceso y la falta de restricciones en el Código Orgánico de la Función Judicial (COFJ).
El reglamento en discusión establece que los postulantes deben cumplir con tres requisitos fundamentales según el artículo 196 de la Constitución: ser ecuadoriano con derechos políticos vigentes, poseer un título de tercer nivel en derecho y tener al menos diez años de experiencia en áreas relacionadas como la abogacía, la judicatura o la docencia universitaria en materia penal. Estos requisitos serán evaluados en la fase de admisibilidad.
En cuanto a la calificación, el borrador propuesto por los consejeros Nicole Bonifaz López, Augusto Verduga Sánchez y Yadira Saltos Rivas distribuye los puntos de la siguiente manera: 15 puntos para formación académica, 12 para experiencia laboral, 18 para experiencia específica y 5 para otros méritos, con un máximo de dos puntos adicionales por acciones afirmativas. Los títulos universitarios serán valorados según su jerarquía, con mayor puntuación para grados de cuarto nivel en áreas especializadas como derecho penal o derechos humanos.
El constitucionalista Carlos de Tomaso ha planteado críticas respecto a la puntuación asignada a los títulos y experiencia. Señala que la actual propuesta podría no reflejar adecuadamente la especialización en derecho penal, sugiriendo que la calificación debería premiar más a los candidatos con experiencia y formación específica en esta área.
Por otro lado, el exdecano Ramiro García Falconí destaca la importancia de establecer criterios de evaluación rigurosos para asegurar que el proceso seleccione al candidato más capacitado para el cargo de Fiscal General. En contraste, Ciro Guzmán, del Colegio de Abogados de Pichincha, critica la falta de participación de la sociedad civil en la elaboración del reglamento y expresa preocupaciones sobre posibles descalificaciones para abogados que hayan trabajado en casos de narcotráfico o corrupción, lo que podría afectar el libre ejercicio profesional.
El borrador final del reglamento, que abordará estas y otras inquietudes, se espera que esté listo para su aprobación en una sesión plenaria programada para el 6 de septiembre. Este reglamento definirá cómo se llevará a cabo la selección del nuevo Fiscal General y es crucial para asegurar un proceso transparente y justo.
