Desde el inicio del periodo legislativo de transición, el 17 de noviembre de 2023, el presidente Daniel Noboa ha vetado de manera total 17 de las 58 leyes aprobadas por la Asamblea Nacional. Esta cifra representa el 29 % del total de normas legislativas tramitadas hasta la fecha, lo que evidencia un uso constante del mecanismo constitucional del veto presidencial como herramienta de control legislativo.
El más reciente de estos vetos fue aplicado a la ley que otorgaba regalías a los gobiernos autónomos descentralizados de las provincias donde se industrializa el crudo: Esmeraldas, Santa Elena y El Oro. Esta iniciativa, impulsada por legisladores regionales, fue rechazada completamente por el Ejecutivo, que argumentó preocupaciones en materia fiscal y de distribución de recursos.
El periodo legislativo en curso concluirá el próximo 13 de mayo, y ha estado marcado por una dinámica tensa entre el Ejecutivo y el Legislativo, especialmente en temas económicos, fiscales y de competencias territoriales. Daniel Noboa ha sido claro en su postura: no aprobará leyes que, según su visión, comprometan la estabilidad financiera del Estado o generen duplicidades institucionales.
Durante la presidencia del asambleísta socialcristiano Henry Kronfle —quien lideró la Asamblea desde el 17 de noviembre de 2023 hasta su renuncia el 1 de octubre de 2024 para postularse a la Presidencia de la República— se aprobaron 30 leyes. De ellas, varias también fueron vetadas por el Ejecutivo.
Los vetos presidenciales son un mecanismo constitucional que permite al presidente rechazar parcial o totalmente un proyecto aprobado por la Asamblea. Si el veto es total, la ley no puede entrar en vigencia a menos que el Legislativo logre reunir los votos necesarios para insistir en su aprobación original, lo que rara vez ocurre por la falta de consensos amplios.
Este ejercicio del poder de veto ha generado debate en el entorno político. Mientras algunos sectores consideran que Noboa está cumpliendo su rol de contrapeso frente a una Asamblea dispersa, otros lo acusan de obstaculizar reformas importantes por razones políticas. Lo cierto es que la cifra de leyes vetadas totalmente, casi una de cada tres, marca un precedente en la relación entre el Legislativo y el Ejecutivo durante este periodo de transición institucional.
