El presidente de la República, Daniel Noboa, reveló por primera vez una de las propuestas que formarán parte del debate constitucional si su iniciativa de consulta popular del 16 de noviembre recibe apoyo en las urnas. El mandatario planteó que el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS) deje de ser un prestador de salud y concentre su gestión únicamente en el sistema de pensiones, lo que marcaría un cambio profundo en el modelo actual de seguridad social del país.
Durante una entrevista concedida el 23 de octubre de 2025 a la cadena internacional CNN, Noboa afirmó:
“Orden, justicia, inversión y, en el área de salud, que el seguro social no sea un prestador de salud, sino que eso sea del Ministerio de Salud Pública y que el seguro social se maneje de una manera profesional para asegurar el sistema de pensiones nacional a mediano y largo plazo”.
La propuesta surge en medio de la campaña por el referéndum y la consulta popular que incluyen cuatro preguntas y una quinta sobre la conformación de una Asamblea Constituyente, encargada de redactar un nuevo texto constitucional con un máximo de 180 artículos. Aunque Noboa ha mantenido bajo reserva el diseño de la nueva Carta Magna, su reciente declaración marca la primera señal concreta de los posibles ejes de reforma: justicia, inversión privada y salud pública.
En una entrevista radial previa, el mandatario ya había sugerido que el IESS debía dejar de administrar los servicios médicos, pero evitó profundizar hasta conocer el resultado del proceso electoral. Cabe destacar que esta propuesta no figura en su plan de gobierno presentado al Consejo Nacional Electoral (CNE) durante su candidatura presidencial, donde más bien se abordaban metas orientadas a fortalecer la sostenibilidad financiera del IESS y mejorar su eficiencia administrativa.
Actualmente, la Constitución ecuatoriana establece que el sistema de seguridad social es público, universal y no privatizable, encargado de proteger a la población frente a contingencias como enfermedad, maternidad, riesgos laborales, vejez o invalidez. Según datos oficiales, al cierre de 2024, el IESS registraba 3,8 millones de afiliados activos, 848.180 pensionistas y 2,5 millones de dependientes, alcanzando un total de 7,1 millones de beneficiarios del sistema de salud. Ese año se realizaron más de 16 millones de atenciones médicas, con una inversión que superó los $201 millones.
En términos financieros, el IESS recaudó aproximadamente $10.000 millones en 2024, destinando $6.343 millones al pago de pensiones. Sin embargo, arrastra una deuda estatal que, según estimaciones hasta noviembre de 2024, supera los $17.000 millones, lo que mantiene al sistema bajo fuerte presión económica.
La propuesta presidencial ha generado reacciones divididas.
Para el economista Alberto Acosta Burneo, editor de Análisis Semanal, el planteamiento busca un enfoque más equitativo:
“La salud no puede ser exclusiva de los afiliados. La mayoría de trabajadores ecuatorianos no cotizan al IESS, por lo tanto, el Estado debe garantizar un servicio universal desde el Ministerio de Salud. Es positivo que los recursos se concentren en beneficio de todos”.
Sin embargo, desde el sector médico y gremial surgen fuertes cuestionamientos. El expresidente del Colegio de Médicos de Pichincha, Víctor Álvarez, advierte sobre el riesgo de una eventual privatización del sistema:
“Si el Estado traslada los servicios de salud a prestadores privados, estaríamos ante una privatización encubierta. También debe aclararse qué pasará con los hospitales, centros médicos y personal que hoy dependen del IESS”.
Por su parte, Henry Llanes, presidente del Frente Nacional por un nuevo IESS, calificó la propuesta como una “aberración” y una muestra de desconocimiento del sistema:
“Los hospitales y centros de salud del IESS se construyeron con el dinero de los afiliados, no con recursos del Estado. Además, el Gobierno le debe miles de millones al IESS. No se puede hablar de reforma sin antes saldar esa deuda y frenar la corrupción interna”.
El debate sobre el futuro del IESS se instala así en el centro de la agenda pública, a pocas semanas de una consulta popular que definirá si Ecuador avanza hacia una Asamblea Constituyente y, con ello, hacia una eventual reconfiguración del sistema de salud y seguridad social del país.
