El presidente Daniel Noboa oficializó el reglamento de la Ley Orgánica de Transparencia Social, una normativa que busca fortalecer el control estatal sobre las organizaciones sociales sin fines de lucro y garantizar la rendición de cuentas en el manejo de recursos. La disposición fue emitida mediante el Decreto Ejecutivo n.º 191 y publicada el 27 de octubre de 2025, tras la aprobación de la ley en la Asamblea Nacional el pasado 26 de agosto.
El reglamento, que consta de 58 páginas y 74 artículos, incluye además ocho disposiciones generales, nueve transitorias, dos reformatorias, dos derogatorias y dos finales. Su objetivo central es establecer un marco legal que promueva la transparencia en el trabajo de las organizaciones sociales, al tiempo que refuerza los mecanismos de supervisión para prevenir y detectar flujos financieros irregulares.
Entre los puntos más relevantes del documento se encuentra la definición y clasificación de las organizaciones sociales sin fines de lucro, que ahora deberán registrarse en el Sistema Unificado de Información de las Organizaciones Sociales (SUIOS). Dichas entidades serán categorizadas según su nivel de riesgo —bajo, medio o alto—, con base en criterios relacionados con su manejo financiero, origen de fondos y actividades.
Además, el reglamento establece nuevas obligaciones para las organizaciones, incluyendo la presentación periódica de informes financieros, la prevención del uso indebido de fondos y la posibilidad de retención de recursos en caso de irregularidades detectadas. Estas disposiciones buscan garantizar la trazabilidad del dinero y evitar que estas estructuras sean utilizadas para fines ilícitos.
La Ley de Transparencia Social fue la cuarta iniciativa económica urgente enviada por Noboa a la Asamblea Nacional durante su gestión. Contó con el respaldo de 78 votos de la bancada oficialista Acción Democrática Nacional (ADN), lo que permitió su aprobación en el pleno legislativo.
Sin embargo, la normativa ha generado controversia en amplios sectores sociales. Hasta el 28 de octubre de 2025, se han presentado seis demandas de inconstitucionalidad ante la Corte Constitucional (CC). Entre los demandantes figuran la Alianza por los Derechos Humanos, Acción Ecológica, Fundamedios, once organizaciones más, el abogado Carlos Hernán Heredia Fiallo y el presidente de la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (Conaie), Marlon Vargas.
Las organizaciones sostienen que varios artículos de la ley podrían vulnerar derechos constitucionales, como la libertad de asociación, el derecho a la participación y la autonomía de las organizaciones civiles. Por ello, solicitan que se declaren inconstitucionales ciertas disposiciones que, a su criterio, otorgan un poder excesivo al Ejecutivo para intervenir o suspender actividades de las fundaciones y asociaciones.
El debate jurídico sobre la aplicación de esta ley se mantiene abierto. Mientras el Gobierno defiende que la norma busca ordenar y transparentar el accionar del sector no gubernamental, las organizaciones sociales temen que se convierta en un instrumento de control político. La Corte Constitucional deberá analizar las demandas en los próximos meses y emitir un fallo que determinará el futuro de la normativa.
