El presidente de la República, Daniel Noboa, firmó el Decreto Ejecutivo N.º 21 mediante el cual establece como prioridad nacional la prevención y erradicación del reclutamiento forzado de niños, niñas y adolescentes por parte de grupos criminales organizados en Ecuador.
Esta medida marca un paso contundente frente al creciente uso de menores por bandas delictivas que operan en distintas provincias del país. “La infancia y adolescencia deben estar protegidas de cualquier forma de violencia y explotación”, sostuvo el mandatario durante la presentación oficial del decreto.
Como parte de esta iniciativa, se creó el Comité para la Prevención y Erradicación del Reclutamiento, Uso y Utilización de Niños, Niñas y Adolescentes, una instancia interinstitucional que tendrá como misión diseñar políticas públicas, estrategias de prevención y mecanismos de intervención rápida en zonas de alto riesgo.
El comité estará conformado por representantes del Ministerio de Gobierno, Ministerio de Educación, Ministerio de Inclusión Económica y Social (MIES), Ministerio del Interior, Ministerio de Defensa, Secretaría de Derechos Humanos, Policía Nacional y otras entidades clave para la protección integral de la niñez.
Según datos oficiales, en los últimos años ha aumentado la presencia de menores en estructuras criminales dedicadas a actividades como el microtráfico, la extorsión, el sicariato y el transporte de armas o droga. Esta problemática ha sido identificada por organismos internacionales como una amenaza directa al desarrollo y seguridad del país.
El decreto también contempla la articulación con organizaciones sociales, fundaciones, centros educativos y organismos de derechos humanos, con el fin de identificar zonas críticas y generar entornos seguros para niños y adolescentes.
Especialistas en protección infantil han advertido que los niños reclutados no solo enfrentan violaciones graves a sus derechos, sino que también son expuestos a traumas físicos y psicológicos que marcan sus vidas de forma irreversible. Por ello, el enfoque del comité será no solo preventivo, sino también de acompañamiento y reintegración para los menores que logren salir de estas redes.
Desde el Ejecutivo se destacó que esta política responde al principio constitucional del interés superior del niño y a los compromisos asumidos por el Estado ecuatoriano ante instancias internacionales como la ONU y la CIDH.
Con esta acción, el gobierno de Noboa busca frenar una de las formas más cruentas de violencia del crimen organizado, fortaleciendo los sistemas de protección, justicia juvenil y atención psicosocial en todo el país.
