La Asamblea Nacional de Ecuador aprobó el 25 de septiembre un informe sobre la crisis eléctrica que azotó al país en abril de este año, a pesar de que el documento fue entregado el 17 de julio. Según la asambleísta Pamela Aguirre, el informe advertía que los cortes de energía regresarían en septiembre. Sin embargo, el debate no se llevó a cabo hasta casi dos meses después de su entrega, generando críticas sobre la tardanza de la Asamblea.
Durante la sesión, que se realizó de forma telemática, los asambleístas expresaron su solidaridad con los quiteños que enfrentan un incendio de gran magnitud desde el 24 de septiembre. También aprovecharon la ocasión para criticar a los gobiernos anteriores y al actual por su inacción ante la crisis. Aguirre, junto a sus colegas Viviana Veloz y Sofía Espín, responsabilizaron al gobierno de no haber previsto esta situación y manifestaron que la administración actual busca culpar a otros, en lugar de asumir la responsabilidad.
Espín destacó que la Revolución Ciudadana construyó ocho mega hidroeléctricas que generaban 3,000 megavatios, mientras que los recientes gobiernos no han logrado aumentar la capacidad energética del país. En su intervención, la legisladora recordó que el actual presidente, Daniel Noboa, advirtió sobre los efectos de la sequía tras el Fenómeno de El Niño, pero no se implementaron acciones concretas en los diez meses de su administración. «Basta de mentiras», expresó, instando al gobierno a actuar con seriedad.
Desde la bancada RC, se propuso aprobar el informe para instar al gobierno a retomar el plan maestro de electricidad y a dividir el ministerio de electricidad y energías renovables del de petróleos y minas. También se exigió una ejecución más efectiva del presupuesto, que actualmente está en un alarmante 2%. La necesidad de inversión en nuevas hidroeléctricas y en plantas térmicas fue enfatizada como esencial para enfrentar la crisis.
El asambleísta Vicente Taiano del PSC, quien apoyó el informe, hizo un llamado al gobierno para que enfrente la situación sin trasladar responsabilidades. Resaltó que en diez meses, el gobierno debió haber puesto en funcionamiento todo el parque termoeléctrico, que ha sido históricamente una fuente de energía complementaria. Además, solicitó mayor transparencia en la programación de racionamientos para minimizar el impacto en la economía de los ciudadanos.
Los asambleístas Jorge Chamba (ADN), Adriana García y María Teresa Pasquel (GB) señalaron que la crisis energética actual es consecuencia de problemas heredados de más de una década de ineficiencia y corrupción. Chamba defendió al gobierno actual, argumentando que el problema energético no es nuevo y que se debe buscar a los verdaderos responsables, quienes malgastaron recursos en el pasado.
La investigación sobre la crisis eléctrica se dividió en dos etapas. La primera, que se realizó entre noviembre de 2023 y enero de 2024, reveló pérdidas superiores a $400 millones en el sector productivo y más de $230 millones en el sector público, principalmente por la importación de energía a altos costos desde Colombia. También se identificó que la fusión de los ministerios en 2018 debilitó la institucionalidad del sector.
El segundo proceso de fiscalización comenzó en abril de 2024, cuando se reanudaron los apagones. El informe concluye que la crisis fue causada por factores climáticos y de gestión, destacando la sequía que afectó a las principales hidroeléctricas. La situación se complicó aún más con la suspensión del suministro eléctrico desde Colombia.
Para mitigar la crisis, el gobierno de Noboa tomó varias medidas, incluyendo la declaración de estado de emergencia y la suspensión de la jornada laboral en ciertas fechas. A pesar de la compra de energía a Colombia y otros esfuerzos, la crisis persiste, y se continúan buscando soluciones a largo plazo.
Finalmente, el informe aplaudió las inversiones del sector privado en energía, aunque subrayó que el Estado sigue siendo fundamental en la generación y distribución de electricidad. Se sugirió la creación de un sistema interconectado a nivel regional con Perú y Colombia para mejorar la eficiencia energética y asegurar precios justos.
