La Corte Constitucional (CC) resolvió no dar paso a la iniciativa del presidente Daniel Noboa que buscaba modificar la Constitución para establecer la prisión preventiva como medida obligatoria en casos de terrorismo y crimen organizado.
El mandatario solicitó el 5 de febrero de 2025 que se realizara un control previo de constitucionalidad y se determinara el procedimiento adecuado para ejecutar una reforma parcial a la Constitución. Su propuesta pretendía que la prisión preventiva dejara de ser una medida cautelar excepcional y pasara a aplicarse de manera general en procesos relacionados con estos delitos.
Sin embargo, con el voto de siete de los nueve jueces, el pleno de la Corte Constitucional determinó que el procedimiento de reforma parcial, establecido en el artículo 442 de la Constitución, no es adecuado en este caso, ya que la modificación afectaría derechos y garantías fundamentales.
