El 22 de agosto de 2024, la Corte Constitucional de Ecuador reafirmó sus criterios sobre la separación entre la justicia constitucional y los juicios políticos, en un contexto de tensión entre poderes. Este pronunciamiento llega solo diez meses después de que la Corte estableciera normas para evitar que la justicia constitucional interfiera en los procesos de enjuiciamiento político, los cuales son competencia exclusiva de la Asamblea Nacional.
En un fallo del 23 de octubre de 2023, la Corte determinó que la justicia constitucional no debe ser utilizada para evitar, suspender o corregir el inicio, trámite o resultado de juicios políticos. Este estándar tiene como objetivo evitar que la justicia constitucional se involucre en conflictos políticos, los cuales deben ser resueltos en el ámbito político y no en el judicial. La Corte argumenta que permitir tal intervención podría desbalancear el sistema de separación de poderes y desnaturalizar tanto el control político como el jurisdiccional constitucional.
El reciente caso involucra a la asambleísta Inés Alarcón Bueno, quien solicitó la reactivación de tres juicios políticos que habían sido archivados. La solicitud fue respaldada por una acción de protección que buscaba revivir los juicios contra exfuncionarios de la administración de Guillermo Lasso Mendoza. El juez de primer nivel, Édgar Javier Romero Salazar, accedió a esta solicitud, desafiando los principios establecidos por la Corte Constitucional.
La decisión de Romero ha sido duramente criticada por la Asamblea Nacional. Alejandro Muñoz, secretario general de la Asamblea, ha rechazado la sentencia, calificándola de espúrea y señalando que no será acatada. Muñoz afirma que la resolución del juez es una intervención indebida en las competencias del primer poder del Estado y que responde a intereses políticos ajenos al proceso legislativo.
El ministro de Gobierno, Arturo Félix Wong, y otros miembros del gobierno, han celebrado la decisión de Romero, considerando que permite la reactivación de los juicios en el orden cronológico previamente establecido. Sin embargo, Muñoz ha anunciado que se presentará una denuncia penal contra Romero por presunto prevaricato y se solicitará al Consejo de la Judicatura que evalúe la validez de la sentencia.
En el contexto actual, la Corte Constitucional ha enfatizado que el enjuiciamiento político es una manifestación fundamental de la fiscalización y control político de la Asamblea Nacional. La independencia de funciones es crucial para evitar interferencias externas que podrían interrumpir o truncar el poder legislativo en sus funciones de control.
A medida que la Asamblea Nacional reanuda sus actividades en septiembre, Muñoz ha indicado que apelará la decisión de Romero en la Corte Provincial y ha asegurado que la resolución no detendrá los juicios políticos en curso. La Asamblea, según Muñoz, no acatará la sentencia y continuará con su agenda legislativa sin interrupciones.
