La denuncia penal presentada el 23 de agosto contra Alejandro Muñoz, secretario general de la Asamblea Nacional, ha causado una gran controversia. Según la acusación de Xavier Jurado, exlegislador correísta y actual miembro de la bancada de ADN, Muñoz habría realizado modificaciones no autorizadas en los textos de dos leyes aprobadas por la Asamblea. Jurado argumenta que estos cambios se hicieron sin el debido consentimiento y posteriormente se intentaron corregir mediante “fe de erratas” enviadas al Registro Oficial.
Detalles de la Acusación
Xavier Jurado ha acusado a Muñoz de dos delitos: usurpación de funciones y uso de documentos falsos. La primera acusación se relaciona con la supuesta negativa de Muñoz a acatar una orden judicial que requería la reactivación de juicios políticos contra exfuncionarios del gobierno de Guillermo Lasso. La segunda se refiere a los cambios en los textos de la Ley Orgánica de Vigilancia y Seguridad Privada y la Ley Orgánica para la Gestión Integral del Riesgo de Desastres. Según Jurado, estos textos fueron alterados sin pasar nuevamente por el pleno de la Asamblea.
Errores en las Leyes Aprobadas
Jurado indicó que la Ley de Seguridad Privada, publicada en el Registro Oficial número 496 el 9 de febrero de 2024, contenía 17 errores tanto de forma como de fondo. Utilizando un programa de inteligencia artificial, Jurado identificó inconsistencias significativas en el texto legal, que no se limitaron a errores menores como comas o artículos. Comunicó estos hallazgos a la primera vicepresidenta de la Asamblea, Viviana Veloz, y a la Comisión de Seguridad. A pesar de que la Secretaría General envió una “fe de erratas” para corregir los errores, Jurado encontró que las correcciones no habían sido completamente implementadas, lo que llevó a una nueva “fe de erratas”.
Discrepancias en la Ley de Riesgo de Desastres
En cuanto a la Ley Orgánica para la Gestión Integral del Riesgo de Desastres, aprobada en la sesión plenaria número 874 del 7 de diciembre de 2023, Jurado señaló que hubo una votación en dos bloques. El Bloque 1 fue aprobado, mientras que el Bloque 2 no lo fue. No obstante, la versión publicada en el Registro Oficial incluyó el contenido del Bloque 2 y eliminó otros elementos aprobados. La Secretaría General envió posteriormente otra “fe de erratas” para subsanar estos errores. Jurado argumenta que la Ley Orgánica de la Función Legislativa no permite usar la figura de “fe de erratas” para corregir errores sustanciales sin la aprobación del pleno de la Asamblea.
Reacción y Procedimientos Legales
La denuncia también involucra el artículo 328 del Código Orgánico Integral Penal (COIP), que establece sanciones de cinco a siete años de prisión para quienes falsifiquen o adulteren documentos públicos. En el caso de documentos privados, la pena varía entre tres y cinco años. La Fiscalía General del Estado está revisando las acusaciones para determinar la veracidad de las afirmaciones y el posible alcance de las irregularidades.
EL UNIVERSO ha intentado contactar a Alejandro Muñoz para obtener su versión sobre la denuncia, pero no ha respondido a los mensajes ni llamadas.
