El cantón Sucre, en el norte de la provincia de Manabí, se ha visto envuelto en una controversia tras conocer que el alcalde Carlos Mendoza envió una propuesta al Ministerio del Interior para ubicar en este lugar una megacárcel de máxima seguridad, un proyecto que originalmente iba a ser ejecutado en Napo. La propuesta sorprendió a varios concejales y a los habitantes, quienes exigen que se consulte primero a la ciudadanía antes de tomar una decisión tan trascendental.
Propuesta de megacárcel: un tema de debate local
El día martes 17 de diciembre, se hizo público que el Municipio de Sucre había enviado un oficio al Ministerio del Interior sugiriendo que el nuevo penal se construya en su cantón. Esta prisión sería más grande que la actual y serviría para albergar a reclusos de máxima seguridad. Sin embargo, la iniciativa ha generado inquietud entre varios concejales de Sucre, quienes no fueron informados de la propuesta antes de que se enviara el documento oficial.
El concejal Luis Rivero expresó su desacuerdo con la propuesta y enfatizó la importancia de consultar a la ciudadanía antes de tomar decisiones de tal magnitud. “Soy un firme defensor de la participación ciudadana. Antes de tomar una decisión como esta, debe consultarse primero a la gente. Aunque sea solo una propuesta en este momento, la opinión de los ciudadanos es esencial”, indicó Rivero.
Rivero también mencionó que el Concejo Municipal no tuvo conocimiento de este oficio hasta que fue hecho público. Aseguró que la propuesta proviene directamente del alcalde Mendoza, quien ha hablado de la posibilidad de una cárcel de mayor capacidad, aunque aún no se sabe exactamente dónde se ubicaría la nueva prisión.
Reacciones y preocupaciones locales
Por su parte, Olga Ampuero, otra concejala de Sucre, expresó su sorpresa y preocupación al enterarse de la propuesta. Aseguró que la alcaldía no ha enviado información oficial sobre el tema y que, como concejales, deben discutirlo en el pleno municipal. “No he hablado con el alcalde sobre esta propuesta. Lo que está claro es que este asunto debe ser socializado con la comunidad. Algunos de nosotros no estamos de acuerdo, ya que podría generar más violencia en nuestro cantón”, afirmó Ampuero.
Los concejales coinciden en que se trata de un tema que debe ser debatido ampliamente, ya que las implicaciones de construir una cárcel de máxima seguridad en una zona ya habitada podrían cambiar la dinámica de la localidad, un destino turístico conocido por su ambiente tranquilo y su infraestructura.
Historia del proyecto y su reubicación
La idea de construir una megacárcel en Sucre surge después de que el gobierno ecuatoriano reconsiderara su decisión original de levantar la prisión en Archidona, Napo. La construcción de la cárcel fue inicialmente adjudicada el 10 de diciembre de 2024, con un presupuesto de 52 millones de dólares. Sin embargo, el proyecto en Napo fue suspendido tras una serie de protestas por parte de los habitantes de esa localidad, quienes se oponían al establecimiento de un penal de alta seguridad en la zona. Durante más de 15 días, los residentes bloquearon carreteras y mostraron su rechazo al proyecto.
Finalmente, el gobierno de Daniel Noboa decidió mover la obra hacia Salinas en Santa Elena, aunque Sucre y Muisne en Esmeraldas también están en la lista de posibles ubicaciones para el nuevo centro penitenciario.
Sucre: un cantón turístico con desafíos
Sucre es un cantón conocido por su atractivo turístico, especialmente su principal zona urbana, Bahía, que cuenta con una cárcel ubicada en pleno centro. Además, el cantón tiene una extensa zona rural, lo que lo convierte en un lugar estratégico para el desarrollo de diversas actividades económicas y sociales. Sin embargo, la construcción de una megacárcel podría tener consecuencias de gran alcance, tanto para la seguridad local como para la imagen del cantón.
Este debate sobre la megacárcel en Sucre pone de relieve la importancia de la participación ciudadana en decisiones que afectan a toda una comunidad. Los concejales y ciudadanos de Sucre continúan esperando que este tema se aborde de manera transparente y participativa, garantizando que la voz de la gente sea escuchada antes de cualquier acción decisiva.
