En Ecuador, la discusión sobre cómo tratar a los adolescentes infractores de la ley ha tomado relevancia, especialmente cuando se trata de delitos graves como homicidios o vinculaciones con el crimen organizado. La Asamblea Nacional se prepara para debatir el proyecto de Código Orgánico Integral de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes (Copinna) en su segunda lectura este martes, 26 de noviembre de 2024. Este tema ha generado fuertes divisiones entre los legisladores, quienes presentan posturas encontradas sobre si los menores de edad deben ser juzgados como adultos en ciertos delitos o si debe aplicarse una justicia restaurativa.
El debate se centra en la responsabilidad penal de los adolescentes, un aspecto que se contempla en el IV libro del proyecto. De acuerdo con el informe de mayoría, impulsado por los bloques RC, PSC, Unidad Popular y PSP, se propone aplicar un enfoque restaurativo para los adolescentes infractores. Este enfoque sostiene que las infracciones cometidas por menores no deben verse solo como actos delictivos, sino como conflictos sociales que dañan tanto a las víctimas como a los infractores, los cuales deben ser reparados mediante medidas de restauración y reintegración social.
Por otro lado, algunos legisladores, como Jorge Peñafiel y Ana Galarza del bloque Construye, proponen que los adolescentes vinculados al crimen organizado, y que cometan delitos como homicidio o sicariato, sean tratados como adultos. Peñafiel sostiene que esta medida es necesaria para enfrentar la creciente violencia en el país, ya que considera que los menores de edad que cometen estos crímenes no deben beneficiarse de penas reducidas, como ocurre actualmente, ya que muchos de ellos no cumplen su condena completa y continúan delinquiendo.
Además, Peñafiel critica el sistema de desjudicialización que permite que los adolescentes involucrados en crímenes graves no sean procesados judicialmente, a pesar de la gravedad de los delitos cometidos. Según el legislador, este mecanismo no solo va en contra de la seguridad jurídica, sino que también facilita la impunidad. En su opinión, los jóvenes que cumplen la mayoría de edad dentro de los centros de acogida, algunos de los cuales están involucrados en crímenes como el sicariato, deberían ser juzgados con el mismo rigor que los adultos.
Por su parte, Pierina Correa, presidenta de la Comisión de Protección Integral a Niñas, Niños y Adolescentes, defiende el enfoque restaurativo, argumentando que Ecuador es uno de los países con menor cantidad de adolescentes institucionalizados por delitos. Correa destaca que, aunque es cierto que los adolescentes pueden ser reclutados por grupos criminales, la solución no radica en tratar a los jóvenes infractores como adultos, sino en brindarles medidas socioeducativas que les permitan corregir su comportamiento y reintegrarse a la sociedad de manera positiva. Según Correa, el proceso de maduración emocional en los adolescentes no alcanza su plenitud hasta los 29 o 30 años, lo que justifica un tratamiento diferenciado frente a los adultos.
Correa subraya que la justicia restaurativa busca la rehabilitación y no la punición, lo que implica que los adolescentes reciban educación, salud mental y apoyo para su reintegración. La funcionaria rechaza la idea de impunidad, señalando que los adolescentes sí enfrentan condenas por los delitos que cometen, aunque con penas menores a las de los adultos.
La postura del Partido Social Cristiano también ha generado discusión. Vicente Taiano, coordinador de esta bancada, ha expresado su preocupación por la creciente criminalidad en el país. Aunque votó a favor del informe de mayoría del Copinna, Taiano ha señalado que el partido aún no ha tomado una decisión definitiva sobre el tema de la responsabilidad penal de los adolescentes. Según Taiano, la Asamblea debe encontrar un equilibrio para garantizar que los menores de edad no sean utilizados como «mano de obra» por grupos criminales, sin comprometer los derechos fundamentales de los niños y adolescentes.
En cuanto a la posible revisión de la edad de inimputabilidad, Taiano considera que la situación de inseguridad que atraviesa el país obliga a revisar las leyes para garantizar que los adolescentes involucrados en delitos graves reciban una sanción adecuada.
