El proceso para la elección de tres jueces de la Corte Constitucional (CC) de Ecuador ha enfrentado una serie de cuestionamientos y controversias. Este miércoles 11 de diciembre de 2024 cerró la etapa de impugnación, con tres objeciones contra la candidatura de Angélica Porras, propuesta por la Asamblea Nacional. Las impugnaciones incluyen una presentada por la fiscal general Diana Salazar, quien acusó a Porras de carecer de probidad, ética y de incurrir en prácticas cuestionables durante su ejercicio profesional.
En su objeción, la fiscal enumeró varios comportamientos de Porras que, según ella, demuestran una falta de integridad, tales como litigios maliciosos, abuso del derecho y manipulación de mecanismos judiciales. Además, se le acusa de promover audiencias públicas para destituir a la propia fiscal Salazar, acusándola de plagio y otros delitos penales.
Además de la fiscal, varios ciudadanos también impugnaron la candidatura de Porras por su falta de lealtad y buena fe, basándose en su desempeño como abogada. La situación se complicó aún más cuando Porras, junto con la candidata a asambleísta Priscilla Schetinni, divulgó en redes sociales un enlace con información extraída del celular de Fernando Villavicencio, el excandidato presidencial asesinado en agosto de 2023.
En este contexto, la Comisión Calificadora, encargada de organizar el concurso para renovar parcialmente la Corte Constitucional, se enfrenta a serios cuestionamientos sobre la falta de transparencia en el proceso. El Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS) ha pedido que se permita la observación de la veeduría ciudadana, creada específicamente para garantizar la transparencia del proceso. Esta solicitud surgió después de que la Comisión Calificadora impidiera que la veeduría formada por el CPCCS participara en el seguimiento del concurso.
Durante una sesión plenaria, el consejero Augusto Verduga presentó una moción exigiendo que se dejara actuar a la veeduría. Esta propuesta fue aprobada por seis de los vocales del CPCCS, mientras que Juan Guarderas Cisneros se abstuvo. Verduga criticó duramente las acciones de la Comisión Calificadora, que, según él, ha buscado evitar la observación ciudadana. Mencionó que el veedor asignado por la Comisión, Santiago Machuca, había sido desconocido por el presidente de la Comisión, Juan Izquierdo, bajo el argumento de que, según la normativa del CPCCS, debería haber al menos tres veedores para formar una veeduría válida.
El CPCCS, que tiene la potestad de conformar veedurías como parte de su mandato constitucional, creó una veeduría ciudadana con ocho miembros. Sin embargo, la Comisión Calificadora, al acogerse a su propio reglamento, designó a un solo veedor, Santiago Machuca, quien ha sido vinculado a colectivos cercanos a Porras. Este hecho generó más dudas sobre la imparcialidad del proceso. Verduga acusó a la Comisión de opacidad y de tratar de esconder la información relevante para la ciudadanía.
El presidente del CPCCS, Andrés Fantoni, también mostró su desacuerdo con la situación y señaló que había solicitado información sobre la capacitación de los veedores, pero no recibió respuesta. Reconoció que el presidente de la Comisión Calificadora, Juan Izquierdo, es su amigo, pero subrayó que no estaba de acuerdo con sus decisiones y le pidió que permitiera la participación de la veeduría ciudadana en el proceso.
El CPCCS tiene previsto recibir a los miembros de la veeduría ciudadana y a Santiago Machuca en una audiencia pública este viernes. Esta audiencia podría ser un punto clave para determinar cómo continuará el proceso y si se logrará garantizar la transparencia en la elección de los nuevos jueces de la Corte Constitucional.
