El Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS) se prepara para revisar el reglamento de selección del nuevo fiscal general del Estado. Esta discusión surge en un contexto en el que aún no ha comenzado el concurso público para designar al sucesor de Diana Salazar Méndez, cuyo mandato finaliza el 8 de abril de 2025. Los siete vocales del consejo podrían considerar propuestas para modificar los requisitos de selección antes de que el reglamento sea publicado oficialmente.
La necesidad de este debate se hace evidente tras la revocación de una medida cautelar que suspendía la normativa, decidida por el juez Vicente Pico Lozano el 25 de septiembre de 2024. La propuesta original del CPCCS fue aprobada el 11 de septiembre, pero desde entonces ha enfrentado críticas y cuestionamientos sobre su contenido. Hasta la fecha, el consejo no ha asignado presupuesto ni ha iniciado el proceso de selección.
Los gremios de abogados en libre ejercicio han expresado su preocupación por el reglamento aprobado, argumentando que algunos de sus artículos podrían violar derechos constitucionales. En respuesta a estas inquietudes, el presidente del CPCCS, Andrés Fantoni Baldeón, ha mantenido un diálogo abierto con la Federación Nacional de Abogados del Ecuador (Fenade) para abordar las sugerencias y mejorar la normativa.
En una reciente reunión, el presidente de la Fenade, Paúl Ocaña Merino, presentó un documento que detalla las características que deben cumplir los postulantes para el cargo. Entre las recomendaciones, se destacan la necesidad de una “sólida formación académica y profesional” y una “amplia experiencia en litigación penal”. Sin embargo, Ocaña advirtió que el reglamento actual presenta disposiciones contradictorias, lo que podría perjudicar la integridad del proceso de selección.
Una de las principales preocupaciones es el artículo 22, que impide a los abogados que han defendido ciertos delitos en los últimos diez años participar en el concurso. Según la Fenade, esta prohibición vulnera derechos como la no discriminación y el derecho al trabajo. Además, el hecho de que un abogado defensor no pueda postularse mientras que su defendido sí podría generar confusión en cuanto a la presunción de inocencia y la probidad.
Para asegurar la transparencia y la legitimidad del proceso, la Fenade propone que los aspirantes a fiscal general transparenten sus cuentas bancarias y patrimonio, así como que no tengan antecedentes penales. Ocaña lamentó que el CPCCS no realizara un análisis exhaustivo del reglamento, lo que ha dejado “vacíos y contradicciones” que podrían afectar gravemente el sistema de justicia ecuatoriano.
Además, el colectivo Juristas por la Democracia, compuesto por 16 abogados en libre ejercicio, también ha solicitado reformas al reglamento. Plantean que, antes de abrir el concurso a la ciudadanía, el CPCCS debe integrar una veeduría independiente que garantice la transparencia del proceso.
Una vez abordadas estas modificaciones, el consejo convocará a la ciudadanía para que se postule al cargo de fiscal general. Se establecerá una comisión ciudadana compuesta por diez miembros, cinco elegidos por la ciudadanía y cinco designados por diferentes funciones del Estado, para llevar a cabo el concurso de méritos, oposición e impugnación.
