El conflicto entre el Ejecutivo y el Legislativo por la ley económica urgente para combatir el lavado de activos sigue siendo un tema candente. El plazo para el trámite de este proyecto vence el 8 de diciembre, y las posiciones de ambos sectores políticos permanecen firmes.
El Gobierno y la Asamblea Nacional se mantienen enfrentados respecto al avance del proyecto económico urgente diseñado para mejorar la recaudación fiscal a través de la lucha contra el lavado de activos. El plazo de 30 días para su trámite en el Legislativo culmina el 8 de diciembre, pero ya se han presentado diversas posturas en torno a su viabilidad.
El proyecto y la polémica por el lavado de activos
El proyecto tiene como objetivo modificar el cobro de impuestos en la compra y venta de vehículos usados, una medida que el Gobierno considera esencial para combatir el lavado de dinero. Esta actividad comercial es vista como un canal para blanquear activos ilícitos, especialmente relacionados con estructuras criminales.
En cuanto al trámite legislativo, el 27 de noviembre, el Pleno de la Asamblea Nacional rechazó el proyecto en primer debate con 84 votos en contra. Los legisladores opositores señalaron que la propuesta rompía el principio de unidad de materia y calificaron el proyecto como puramente recaudatorio, sin considerar adecuadamente su impacto social.
La posición del Ejecutivo
El Gobierno, por su parte, se mantiene firme en su intención de que este proyecto se promulgue, e incluso ha adelantado que lo remitirá a publicación en el Registro Oficial el 9 de diciembre, tras el vencimiento del plazo. Según Valentina Centeno, legisladora del movimiento Acción Democrática Nacional (ADN), este proyecto es crucial para la financiación de estructuras criminales, y el gobierno defenderá la constitucionalidad del mismo. A pesar de la negativa de la Asamblea, Centeno advirtió que la no aprobación del proyecto en primer debate puede ser constitucionalmente inapropiado, ya que no existe normativa que prohíba su presentación nuevamente.
Reacción de la oposición
Por otro lado, los legisladores de la oposición no dudan en calificar la propuesta como una ley “antipillos”, un término utilizado por el presidente de la República, Daniel Noboa, debido a su enfoque recaudatorio. Según el primer vicepresidente de la Asamblea Nacional, Otto Vera (PSC), el proyecto ha sido archivado legalmente y no tiene base para ser tratado de nuevo, ya que fue rechazado y publicado en el Registro Oficial.
Alexandra Castillo, del PSC, refuerza esta postura al señalar que el Legislativo actuó conforme a la Constitución y las leyes orgánicas, indicando que el presidente debe comprender que el proyecto ha sido debidamente archivado y no tiene lugar en el proceso legislativo.
Consideraciones legales
En el ámbito jurídico, el legislador Jorge Peñafiel (Construye) explicó que el proceso legislativo debe seguir un curso de acción claro: cuando la Asamblea aprueba una ley, el presidente puede actuar como colegislador, pero si la ley es rechazada, el Ejecutivo no tiene poder para intervenir. En este caso, el proyecto ha sido negado y archivado de acuerdo con las facultades exclusivas de la Asamblea, dejando poco espacio para que el Ejecutivo actúe al respecto.
Rafael Dávila, del sector independiente, sugirió que la solución podría pasar por un segundo debate en el Legislativo. Sin embargo, reconoció que este proceso depende de la voluntad política de las partes involucradas, especialmente del Ejecutivo y los miembros de la Asamblea Nacional.
La ruta futura del proyecto
Con el vencimiento del plazo el 8 de diciembre, el futuro de este proyecto urgente se vuelve incierto. Si el Ejecutivo decide remitirlo al Registro Oficial, podría surgir un conflicto constitucional, que será resuelto probablemente en la Corte Constitucional. Esto prolongaría el debate y podría llevar meses antes de que se tome una decisión final.
Por ahora, el país sigue a la espera de cómo se resolverá este choque entre el Ejecutivo y el Legislativo sobre una ley clave para la recaudación fiscal y el combate al crimen organizado. Ambas partes tienen posiciones firmes, y la presión política sigue aumentando conforme se acerca el plazo del 8 de diciembre.
