El debate político sobre la cooperación internacional en la lucha contra el crimen organizado transnacional continúa generando controversia en la Asamblea Nacional de Ecuador. El secretario de la Asamblea, Alejandro Muñoz, rechazó la propuesta planteada por la bancada Acción Democrática Nacional (ADN) de respaldar la cooperación internacional para combatir la delincuencia transnacional. En declaraciones públicas, Muñoz afirmó que esta resolución tiene un “objetivo netamente electoral y político” y carece de un fundamento jurídico real.
El 25 de febrero se convocará a una nueva sesión plenaria para discutir la propuesta del gobierno de Daniel Noboa, la cual plantea la posibilidad de incorporar fuerzas especiales de países aliados a las acciones conjuntas de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional en la lucha contra los grupos del crimen organizado que operan en el país. Esta medida fue impulsada por la canciller Gabriela Sommerfeld, quien urgió a la Asamblea Nacional a tratar sin demora la propuesta para fortalecer las capacidades de seguridad del Estado ecuatoriano.
La bancada de ADN, a través de su proyecto de resolución, ha manifestado su apoyo a la idea de establecer una cooperación internacional que involucre el envío de fuerzas especiales extranjeras. Este respaldo se enmarca en el contexto de una creciente preocupación por la expansión de las organizaciones criminales transnacionales que han intensificado sus actividades en Ecuador, generando una crisis de seguridad que afecta tanto a la población como a las instituciones del Estado.
Sin embargo, el secretario de la Asamblea, Alejandro Muñoz, no tardó en expresar su desacuerdo con la iniciativa, cuestionando la viabilidad y la necesidad de la propuesta. En su intervención, Muñoz subrayó que la resolución presentada por ADN no tiene valor legal vinculante, ya que solo tiene un carácter declarativo y político. Según su interpretación, el gobierno no necesita la aprobación de la Asamblea para proceder con el envío de fuerzas internacionales a Ecuador, ya que este tipo de acuerdos pueden ser gestionados directamente por el Ejecutivo, sin la intervención del Legislativo.
Muñoz destacó que la propuesta presentada por el Gobierno de Noboa refleja una confusión jurídica, ya que, según él, el presidente de la República puede implementar su plan de seguridad y establecer acuerdos internacionales de cooperación sin necesidad de pasar por la Asamblea. En este sentido, se mostró crítico con el proceso legislativo, sugiriendo que las resoluciones de la Asamblea no tienen el poder de modificar las acciones que el Ejecutivo puede llevar a cabo en este ámbito.
Por otro lado, la bancada de ADN defendió la propuesta, asegurando que la resolución busca dar un marco de respaldo institucional a la política de seguridad del gobierno, especialmente en lo que respecta a la cooperación internacional para enfrentar el narcotráfico y otras formas de crimen organizado que afectan a Ecuador. Según los legisladores de ADN, la iniciativa tiene un carácter urgente debido a la grave situación de violencia que atraviesa el país.
El conflicto sobre la cooperación internacional en la lucha contra el crimen organizado sigue siendo un tema candente en la política ecuatoriana. Mientras el gobierno y la bancada ADN abogan por la necesidad de contar con el apoyo de fuerzas extranjeras, otros sectores políticos, como la Revolución Ciudadana, siguen siendo cautelosos y rechazan cualquier medida que implique la presencia de fuerzas militares extranjeras en el país, temiendo que pueda comprometer la soberanía nacional.
