Un tribunal de garantías penales de Loja ha condenado a Luis R. a trece años y cuatro meses de prisión por el delito de abuso sexual en contra de su hijastra, una niña de cinco años. La Fiscalía ha señalado que el condenado abusó de su posición de confianza como padrastro para someter a la menor a repetidas agresiones sexuales.
La Fiscalía reveló que los abusos comenzaron cuando la niña tenía la mencionada edad. Posteriormente, se observó un cambio en su comportamiento, ya que empezó a mostrar conductas sexualizadas en su entorno escolar. Fue a través de una investigación realizada por el personal docente que se descubrieron estos hechos. La menor confesó a los maestros que su padrastro era el responsable de los abusos. Ante esta revelación, los docentes presentaron una denuncia formal ante la Fiscalía.
La entidad fiscal se encargó de reunir pruebas sólidas para formular los cargos contra Luis R. Entre los elementos probatorios se incluyeron el testimonio anticipado de la víctima, así como declaraciones de los docentes que atestiguaron el comportamiento de la niña. También se realizaron pericias médico-legales y psicológicas que evidenciaron el daño emocional sufrido por la menor a causa de los abusos.
Luego de llevarse a cabo la audiencia de juicio, el tribunal declaró culpable a Luis R. Además de la condena de prisión, el hombre deberá pagar una multa equivalente a 40 salarios básicos y una indemnización de 5,000 dólares a la víctima, además de cubrir los costos de un tratamiento psicológico necesario para su recuperación.
Para garantizar su integridad física y emocional, la niña fue trasladada a una casa de acogida donde recibirá la atención y el tratamiento psicológico que necesita. Este caso subraya la importancia de la denuncia y la protección de los menores ante situaciones de abuso, así como la necesidad de fortalecer las redes de apoyo para las víctimas.
Luis R. ahora enfrenta una condena severa por sus acciones, y se espera que esta sentencia envíe un mensaje claro sobre la intolerancia hacia el abuso sexual infantil en el país. La colaboración entre las instituciones educativas y la Fiscalía es fundamental para detectar y actuar frente a casos de violencia contra menores, y se hace un llamado a la ciudadanía para estar alerta y apoyar a las víctimas en su proceso de recuperación.
