En Portoviejo, Manabí, tres individuos han sido puestos en prisión preventiva por su presunta implicación en el asesinato de Gabriela Echeverría y Héctor Zambrano, cuyas víctimas fueron enterradas en su propia finca en San Plácido. El hallazgo de los cuerpos ocurrió el 19 de agosto, aunque se estima que las víctimas llevaban de ocho a once días fallecidas antes de ser descubiertas.
Uno de los arrestados es el capataz de la finca, quien fue detenido en el lugar de los hechos. Los otros dos sospechosos fueron capturados en el cantón El Empalme, en la provincia de Guayas. La última comunicación que tuvieron los esposos con sus familiares fue el 7 de agosto, según reportes.
Héctor Zambrano, hermano del viceprefecto de Esmeraldas, Diego Zambrano, y Gabriela Echeverría, una abogada conocida en Manta, estaban en el centro de esta tragedia. Los familiares y amigos de las víctimas sugieren que el móvil del crimen podría estar relacionado con un robo, dado que se ha reportado la venta de ganado de la finca y la tala de árboles para vender madera después del asesinato.
De acuerdo con el artículo 163.1 del Código Orgánico Integral Penal (COIP), los acusados podrían enfrentar cargos por desaparición involuntaria, que contempla una pena de siete a diez años de prisión. Si se confirma la muerte de las víctimas, la sanción se eleva a un rango de 22 a 26 años.
Antonio Gagliardo, exfiscal provincial de Guayas, explicó que, en casos como este, donde se han cometido dos homicidios y se ha retenido a las víctimas en contra de su voluntad, las penas pueden acumularse. «En este caso, si se prueban agravantes, la pena puede aumentarse en un 30% más. En el tribunal, esto podría elevar la pena a 33 años y 9 meses. Sin embargo, debido al doble asesinato, la condena podría llegar a 40 años», detalló Gagliardo.
El caso pone de relieve la severidad de los delitos de secuestro y asesinato en Ecuador y la posible magnitud de las penas para quienes cometen crímenes graves.
