Este jueves 24 de abril, el Concejo del Municipio de Guayaquil aprobó importantes resoluciones en sesión desarrollada en el Salón de la Ciudad, entre las que destacó la decisión sobre el manejo administrativo del estadio Christian Benítez, ubicado dentro del parque Samanes, al norte de la ciudad.
Durante la reunión, celebrada al mediodía, se puso en conocimiento del cuerpo edilicio un informe jurídico que analiza la legalidad y viabilidad de los instrumentos normativos relacionados con la gestión de los terrenos donde se encuentra el escenario deportivo. Tras la revisión del documento, el Concejo resolvió avanzar con la suscripción de convenios que permitan la administración del estadio bajo un esquema de regalías.
Esta medida permitirá al cabildo recibir un porcentaje de ingresos por el uso de las instalaciones del estadio, generando así recursos para el mantenimiento y mejora del espacio público, que es uno de los principales escenarios deportivos de Guayaquil. El estadio Christian Benítez, que lleva el nombre del fallecido futbolista ecuatoriano, es utilizado para partidos de fútbol, eventos culturales y actividades comunitarias.
“La propuesta busca regular de forma transparente y eficiente la gestión de este bien público, asegurando que su uso genere beneficios para la ciudad y no solo para operadores privados”, señaló uno de los concejales durante la sesión.
El informe jurídico detalla los términos bajo los cuales se firmarán los instrumentos legales para formalizar el traspaso de funciones administrativas, así como las condiciones que deberán cumplir los operadores que asuman la gestión del estadio. Estos incluirán cláusulas de mantenimiento, promoción del deporte y acceso comunitario.
La resolución también establece que los futuros administradores deberán presentar planes de trabajo, inversión y sostenibilidad financiera, que serán revisados y aprobados por la Alcaldía y el Concejo, con el fin de garantizar el uso adecuado del espacio.
Con esta decisión, el Municipio busca fortalecer el modelo de gestión pública con participación privada, pero bajo regulaciones que aseguren el interés colectivo y el uso correcto de la infraestructura urbana.
